El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto freno a la idea de Esperanza Aguirre de modificar, entre otras, la legislación sobre impuestos, la relativa a los derechos laborales y las que regulan el Urbanismo para favorecer la creación de un complejo como Las Vegas en Madrid.
En concreto, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ratificó este viernes que España "tiene unas normas fiscales que deben cumplirse" y sobre las que no caben excepciones. "No corresponde al Gobierno adoptar decisiones empresariales respecto a la sede", añadió la dirigente, insistiendo en que cualquier empresario que quiera instalarse en España ha de respetar las normas vigentes.
Todo por el empleo
El mensaje de Sáenz de Santamaría afecta directamente a las aspiraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que había solicitado al Ejecutivo de Rajoy su colaboración para conseguir que el magnate estadounidense del juego Sheldon Adelson obtuviese condiciones preferentes para invertir casi 17.000 millones de euros en un macro complejo con casinos, hoteles y campos de golf que se situaría en la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo de José Luis rodríguez Zapatero también mantuvo contactos con AdelsonAguirre, cuyo Gobierno fue de la mano en 2011 con el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para mantener contactos con los representantes de Adelson en España, se había mostrado dispuesta a modificar "lo que haya que cambiar". Todo ello, a cambio de que el magnate cumpliera su promesa de crear 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos.
Condiciones preferentes
El complejo se instalaría en Valdecarros (Vallecas) o Alcorcón, aunque otros municipios como Leganés, Getafe o El Molar no han dudado en ofrecer sus terrenos en cuanto el proyecto saltó a la luz en noviembre de 2011 y solucionaría, según vaticinó la propia Aguirre, la mitad del paro de la región, situado actualmente por encima del medio millón de personas.
La oposición, los sindicatos y los ecologistas rechazan dar privilegios al empresarioA cambio, Adelson pedía no pagar impuestos, cambiar la normativa sobre evasión y blanqueo de dinero, la ley de enjuiciamiento civil y la aceleración de los permisos de residencia para trabajadores extranjeros, además del Plan General de Ordenación Urbana de la zona elegida, entre otras.
Al conocer las exigencias y el tipo de negocio que se proponía, oposición, sindicatos y organizaciones ecologistas se declararon radicalmente en contra.
Ana Botella, alcaldesa de Madrid, dio su apoyo inicial a la idea. Sin embargo, en su primer encuentro institucional con Esperanza Aguirre, matizó sus palabras y subrayó que el macro complejo (seis casinos, 12 complejos hoteleros, una decena de teatros y tres campos de golf) solo saldría si era con el acuerdo de las tres administraciones.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, marcó también la línea roja, hace pocas semanas, en las leyes y la normativa sobre impuestos en vigor. Soraya Sáenz de Santamaría, mano derecha de mariano Rajoy en el Gobierno, glosó este viernes las palabras del ministro para frenar el entusiasmo de la presidenta del PP de Madrid y de los alcaldes de la zona.
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