Esperanza Aguirre sigue buscando dónde "meter la tijera" para aumentar la austeridad de su Gobierno. Su próximo objetivo es el transporte público regional, a cuyo nuevo responsable, el profesional de la banca Pablo Cavero, ya ha puesto deberes: reducir el dinero que la Comunidad aporta cada año de los impuestos de los ciudadanos para financiar el metro, los autobuses o los metros ligeros. "Cada día encuentro un gasto nuevo al que meter tijera", sentenció, aclarando que estos son gastos "no imprescindibles".

"Viene con el encargo de reducir otro de los gastos muy importantes, que es nada menos que 1.000 millones de euros cada año en subvenciones al transporte", afirmó Aguirre este miércoles durante una entrevista en Onda Cero.

A continuación, y ya tras reunir al comité ejecutivo del PP de Madrid, contestó contundentemente a la pregunta de si este recorte se traducirá en una privatización total o parcial de la 'joya de la corona', Metro de Madrid, o en una subida del precio del transporte: "No".

Sin embargo, y pese a las palabras de la presidenta, la revisión del sistema de tarifas del transporte público lleva tiempo en estudio por parte del Consorcio Regional de Transportes, la autoridad única del transporte en la región. Desde allí, el replanteamiento tarifario se ve como algo "imprescindible".

El Consorcio, en cuyo consejo de Administración tienen mayoría la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital, es la autoridad única del transporte en Madrid. Sin embargo, las ampliaciones del metro han sido decisiones políticas que el PP ha incluido en sus sucesivos programas electorales.

Con Aguirre como presidenta, Metro ha crecido como nunca antes en su historia (100 kilómetros y más de 90 estaciones en 12 años, incluyendo tres metros ligeros, hasta los 320 kilómetros). También lo han hecho los autobuses interurbanos los de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid por el desarrollo urbanístico. Los gastos para su mantenimiento, por tanto, lo han hecho en proporción.

Sin embargo, pese a tener más y mejor transporte público, el número de pasajeros viene cayendo desde 2007 a causa de la crisis, pasando de los 1.598,2 millones de viajeros en 2007 a los 1.488,1 registrados en 2010. Con ello, también ha descendido la recaudación y la aportación del Estado por número de viajeros transportados.

Para cuadrar las cuentas, la Comunidad se ha visto obligada a aportar cada vez más fondos, hasta llegar a los 1.200 millones para subvencionar los billetes, y a subir consecutivamente el precio cada año. Esto permite que el usuario solo pague de forma directa, en realidad, el 40% del coste final del viaje. El resto, se sufraga con sus impuestos.

Lo que tiene sobre la mesa el Consorcio Regional de Transportes es replantear las tarifas de manera que se establezca el porcentaje fijo de lo que debe cubrir la recaudación por venta de billetes. Así, al aprobarse el presupuesto, se sabría automáticamente cuánto deben subir los billetes. Al entrar en funcionamiento, este sistema provocaría una subida prácticamente segura de los precios, ya que la Comunidad pretende reducir las subvenciones.

Por otro lado, la autoridad propone financiar el transporte con cargo a las plusvalías urbanísticas, o que las grandes empresas que se instalan en la región aporten un canon, premiando a aquellas que incentiven a sus empleados a usar los medios públicos.

Metro de Madrid, por ejemplo, ya se ha planteado desarrollar aparcamientos disuasorios para financiar parte de sus inversiones. La idea partió de la propia Esperanza Aguirre, que en 2010, durante una visita a las obras de ampliación de la línea 2 de Metro, propuso a los constructores construir parkings junto a las estaciones y adjudicárselos a empresas privadas como método para obtener ingresos.