«La administración ha consentido durante más de cuatro años que el actor sufriera la incomodidad de un ruido exterior superior al permitido en las propias ordenanzas».

Así reza parte de la sentencia del pasado 20 de diciembre que condena al Ayuntamiento de Valencia a indemnizar con 12.000 euros a una pareja que desde 2004, cuando se instaló en su nueva vivienda, soportaba el ruido de un reloj instalado en la fachada de una relojería que, conectado a unos altavoces y un amplificador, emitía un ‘ding dong’ cada cuarto de hora de lunes a domingo de 8 a 22 horas.

Según el abogado de los afectados, Raúl Burgos, su cliente habló con el dueño del comercio para intentar solucionar el problema «por las buenas», pero solo logró que pasara a conectarlo de lunes a sábado de 10 a 22 horas.

Ante esta situación, mandó 5 denuncias al Ayuntamiento, la primera en diciembre de 2004, solicitando la eliminación de los altavoces. «Ante la falta de respuesta municipal, en 2007 interpusimos una demanda contra el Consistorio por no actuar ante una situación ilegal», recuerda el letrado.

Fue entonces cuando el Ayuntamiento hizo un informe sonométrico que decía que no se podía establecer si el ruido está o no dentro de los límites establecidos.

Sin embargo, según las mediciones de un técnico independiente contratado por los afectados y aportadas como prueba, «el ruido del reloj generaba 76 decibelios dentro de la casa cuando sonaba, pese a que el límite legal son 65», recalca el letrado. Cuatro años después del primer escrito y con el proceso judicial abierto, el Ayuntamiento ordenó el cese del foco del ruido. Sin embargo, eso no le ha librado de la condena por permitir una situación ilegal.

Otras diez condenas

Esta es la décima vez que condenan al Ayuntamiento por ruidos y la quinta que le obligan a indemnizar a vecinos por no actuar contra ellos. En 2004 el Tribunal Europeo ordenó el pago de 8.000 euros a una vecina de la plaza Xúquer, por el jaleo del ocio nocturno. Un año después, llegó otra condena de 13.000 euros por los ruidos de un aparato de aire acondicionado. En 2007, otros 6.000 euros y 12.000 más en 2008. En total, el Ayuntamiento ha pagado 51.000 euros. Además, la justicia le ha obligado a declarar Zona Acústicamente Saturada Xúquer, Woody, Juan Llorens, El Carmen y la calle Ribera.