En el juicio, que se desarrolla en el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid, Senderowicz y Bonne se sientan en el banquillo de los acusados por un delito de homicidio por imprudencia grave y profesional, precisaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La acusación popular, ejercida por la Asociación El Defensor del Paciente (ADEPA), explica en su escrito de calificación que sobre las 18.00s del 25 de febrero de 2002 los acusados -licenciados en Medicina y Cirugía pero no especializados en Cirugía Plástica- iniciaron una liposucción a la paciente Débora Catalán.

La intervención se llevó a cabo en la clínica ICEMA, situada en el distrito Salamanca de Madrid, que -señala el escrito- carecía de las autorizaciones administrativas pertinentes y no tenía "ni siquiera la condición de consulta y mucho menos de clínica a pesar de lo fraudulento de su nombre comercial".

"Carecía de una asepsia (desinfección) adecuada, de instalaciones mínimas exigidas para la realización de intervenciones quirúrgicas, de medios técnicos, humanos y materiales precisos y obligatorios, no tenía anestesiólogo, el desfibrilador estaba averiado, no había equipo de reanimación, (...), además de una mesa de quirófano en una habitación de 6 metros cuadrados", precisa ADEPA.

Actuación imprudente

Los acusados comenzaron la operación sin preparar a la paciente con una vía y sin poseer medicamentos para combatir cualquier incidente y le suministraron anestésicos locales "sin saber exactamente" su cantidad, lo que, indica el escrito, mostraba "una absoluta ignorancia sobre el adecuado manejo" de estos fármacos.

A los diez o quince minutos de comenzar la operación, Débora Catalán comenzó a convulsionar y entró en parada cardiorrespiratoria, cuadro clínico que no pudo ser remontado por los acusados, por lo que llamaron por teléfono al 061, que al llegar a la clínica se encontró a la paciente fallecida, aunque intentaron reanimarla durante treinta minutos.

En el transcurso de la reanimación del equipo del 061, el doctor Mohamed A.M. pidió a Senderowicz que no interviniera, pero el acusado decidió actuar por su cuenta, "ocasionando con este proceder molestias y dificultades", pues primero pinchó accidentalmente a un enfermero y luego tropezó, lo que provocó la extracción de la vía que había conseguido instalar el médico de urgencias.

ADEPA concluye que debido a que los acusados carecían de los fármacos necesarios y que no habían instalado una vía a Débora Catalán, unido a las incidencias ya relatadas, "la paciente no pudo recibir el tratamiento farmacológico indicado para actuar frente a la situación tan dramática que ellos mismos habían provocado".

Demasiados anestésicos

Además, los resultados de la autopsia y del Instituto Nacional de Toxicología señalaron que la fallecida recibió anestésicos locales en cantidad tóxica, lo que provocó su muerte.

La acusación popular también reclama que los acusados indemnicen solidariamente al padre de la víctima con 300.000 euros, siendo responsables civiles directos las aseguradoras contratadas por Senderowicz y Bonne, St.Paul Insurance España y Winthentur, respectivamente.

La presidenta de ADEPA, Carmen Flores, denunció las "dilaciones indebidas" que se han producido en este caso y reclamó a la Justicia "mayor rapidez y celeridad".

El juicio tiene previsto celebrarse desde mañana hasta el próximo 2 de junio.