Vecinos o comunidades de propietarios podrán expropiar propiedad privada para instalar ascensores en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este viernes el proyecto de la Ordenanza Municipal de Ascensores, que mejora la accesibilidad y eliminación de barreras físicas en edificios ya construidos y que permitirá la expropiación de elementos de propiedad privada en favor de la persona o comunidad de propietarios que los requieran.

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este viernes el proyecto de la Ordenanza Municipal de Ascensores, que mejora la accesibilidad y eliminación de barreras físicas en edificios ya construidos y que permitirá la expropiación de elementos de propiedad privada en favor de la persona o comunidad de propietarios que los requieran.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el acuerdo se ha tomado en la Junta de Gobierno celebrada este viernes con la presidencia del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, en el que también se ha autorizado una rectificación del ámbito de concesión administrativa para la construcción y posterior explotación de la nueva Terminal de Transportes de Mercancías

En materia de normativa, se ha aprobado de forma inicial el proyecto de Ordenanza Municipal de Ascensores, que introduce varias novedades con respecto al aprobado por el Pleno de la Corporación el 29 de julio de 1997, como la posibilidad de expropiar elementos de titularidad privada con carácter "excepcional y limitativo" a favor de la persona o comunidad de propietarios que lo requiera para instalar el ascensor o eliminar barreras físicas.

Esta ha sido una reivindicación de los ciudadanos con discapacidad desde hace años que fue asumida principalmente por los grupos Socialista y de Izquierda Unida y también por el Partido Popular. En este proceso fue especialmente notoria la actuación del ciudadano Américo Fernandes, que cuenta con notables problemas de movildiad, desde 2004 para conseguir que en el bloque donde vivía se situara un ascensor.

Ya en el Pleno municipal de enero de 2011, dentro del debate de una moción del Grupo Socialista, se alcanzó el acuerdo unánime de que el Equipo de Gobierno adaptaría la ordenanza de ascensores para favorecer la accesibilidad de los edificios residenciales. No obstante, en aquel momento la edil de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, fijó como plazo el fin del pasado mandato municipal.

Finalmente, este viernes se ha dado el visto bueno para las modificaciones de la norma dirigidas a "mejorar las condiciones de accesibilidad a los edificios, facilitando la eliminación de las barreras físicas que afectan a las personas con discapacidad".

La ordenanza actualiza la terminología empleada en el anterior reglamento, integrando las nuevas tecnologías disponibles en materia de eliminación de barreras físicas. Se recoge la posibilidad de ocupar el suelo público para hacer accesibles los edificios, cuando resulten técnicamente inviables otras opciones, incluyendo la posibilidad de instalar torres de ascensores.

Así, los actos de mejora de las condiciones de accesibilidad que requieran la ocupación y el uso de espacios de dominio público van a quedar sometidos a la previa obtención de licencia urbanística, "sin perjuicio de la necesidad de contar con cualquier otro título habilitante".

Para la instalación de torres de ascensores sobre espacios de uso público adosadas a edificaciones que formen parte de conjuntos de edificios, cuando no existan precedentes de instalaciones semejantes, deberá tramitarse un estudio previo, cuyo contenido, capacidades y procedimiento se determinan en la nueva norma.

La autorización para ocupar la vía pública con elementos que excedan del concepto de torre de ascensor requerirá la tramitación del instrumento de planeamiento correspondiente, en el que se efectúe la ordenación de volúmenes y se justifique el interés público de la transformación del conjunto —estudios de detalle—.

Cobertura legal

Como han recordado, la cobertura legal proviene de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, respondiendo así a la necesidad urgente de resolver los problemas de inadecuación funcional de los inmuebles a las condiciones de accesibilidad requeridas en la actualidad, y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Esta última, reconoce como causa de interés social a efectos expropiatorios el hecho de realizar obras en edificios existentes para promover la accesibilidad y facilitar a las personas con movilidad reducida el acceso directo a las viviendas.

Por otra parte, dentro de los despachos extraordinarios, se ha aprobado la rectificación del ámbito de la concesión administrativa, para la construcción y posterior explotación de la Terminal de Transportes de Mercancías de Valladolid, en virtud del proyecto de Normalización de fincas del Sector IA-6 (actual AOE 03) Industrial Cabildo Sur.

Por último, en el Área de Urbanismo y Vivienda, el órgano de gobierno ha concedido la licencia de primera ocupación a 13 viviendas y cuatro apartamentos en la calle Alcor; dos en la calle Nueva del Carmen y una en Ángel García (una). Respecto a los permisos de obra, se ha otorgado uno para la construcción de tres viviendas en la Cañada Real.

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