Los policías locales pertenecientes a la Unidad de Motoristas que han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla a cuenta de un presunto delito de cohecho por su supuesta participación en una trama dedicada al cobro "ilegal" de tasas municipales serán cambiados de unidad de manera cautelar y en tanto y en cuanto se lleva a cabo la investigación judicial.

En este sentido, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han informado a Europa Press de que, en este caso, la juez ha imputado a ocho agentes de la Policía Local que se encuentran en activo y a un agente ya jubilado, todos ellos pertenecientes a la Unidad de Motoristas, así como a dos personas ajenas al Cuerpo, aunque fuentes judiciales consultadas por Europa Press apuntan a la imputación de 11 agentes y una persona ajena a la Policía Local.

Al hilo de ello, las fuentes municipales consultadas han indicado que, de manera cautelar, se ha propuesto el cambio de destino de los ocho agentes de la Unidad de Motoristas de la Policía Local imputados que actualmente se encuentran en activo. Asimismo, y una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, se decidió abrir expediente disciplinario contra los nueve agentes presuntamente implicados en los hechos.

Investigación iniciada en junio de 2010

No obstante, las fuentes han remarcado el derecho a la presunción de inocencia del que gozan todos estos agentes, por lo que estos expedientes disciplinarios se encuentran supeditados a la resolución judicial que en su día se dicte y no se adoptarán medidas administrativas ni disciplinarias contra los policías hasta tanto en cuanto concluyan las actuaciones judiciales.

Los policías locales imputados, fuera de su horario de trabajo y ataviados con el uniforme policial, habrían realizado trabajos de escolta de traslado de mercancías o servicios relacionados con la grúa, unos trabajos por los que el Ayuntamiento cobra determinadas tasas —se calcula que entre 20 y 80 euros— pero que ellos supuestamente se apropiaron, sin dar cuenta así al Consistorio municipal.

De este modo, la investigación policial en torno a los hechos descritos se iniciaron en el mes de junio del pasado año 2010, e incluso se creó una unidad específica dentro del Cuerpo para investigar la presunta trama; así, la investigación sigue en estos momentos "abierta", por lo que no es descartable que se pueda determinar la participación de más personas en los hechos. Todas las personas imputadas han sido citadas a declarar el próximo mes de febrero.

La investigación judicial comenzó después de que un agente de la Policía Local fuera detenido por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional dentro de una operación contra el tráfico de sustancias estupefacientes que se saldó con la intervención de 1.500 kilos de hachís. Los agentes de la Udyco registraron la taquilla del agente detenido y, a raíz de estos registros y de una serie de escuchas telefónicas, la juez decidió investigar este presunto delito de cohecho en una pieza separada.