El presidente de Asaja en Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, cree que "si hay algo" en la supuesta comisión de delito societario en el seno de la Cooperativa Agroganadera del Valle de los Pedroches (Covap), "para nada va a afectar" al desarrollo económico y social "importante" de esta cooperativa, "no solo en España, sino en el extranjero".

Así lo ha manifestado a los periodistas Fernández de Mesa, al tiempo que ha insistido en que el desarrollo de Covap "ni mucho menos se podría ver afectado si fuera verdad" el supuesto delito societario que se ha saldado con la detención en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) de un ex director general de Covap y se ha imputado en Pozoblanco (Córdoba) a otras 18 personas, que han formado parte de los consejos administración de la cooperativa desde 2004, como presuntas autoras de un delito societario, en relación con la presunta comisión de irregularidades en la concesión de operaciones crediticias por valor de unos 13 millones de euros, resultando beneficiadas varias personas jurídicas.

En este sentido, el presidente de Asaja en Córdoba confía en que todo esto "sea una nube y se desvanezca", puesto que "lo importante son los agricultores y ganaderos de esa comarca y la actividad que desarrollan", mientras que "lo demás son cosas que pudieran pasar, pero que para nada afectan ni pueden afectar a la economía de esa parte importante de Córdoba".

No obstante, confiesa que le disgusta que se publique dicha noticia, pero espera que "todo sea un espejismo y no haya nada de eso", motivo por el que aprovecha para "llamar a la tranquilidad y al sentido común y todo quede en agua de borrajas, que es lo importante".

Presidente de covap

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Agroganadera del Valle de los Pedroches, Ricardo Delgado, ha anunciado que, siguiendo el mandato de los socios de dicha cooperativa con sede en Pozoblanco (Córdoba), emprenderá "las acciones legales que sean pertinentes para depurar responsabilidades", tal y como ha declarado a Europa Press.

Delgado, quien ha dicho que en todo lo relacionado con este asunto "hay que ser prudentes y discretos", ha recordado que "el consejo y la asamblea de socios de Covap, en un evidente ejercicio de transparencia, decidieron que había que depurar responsabilidades e iniciar las acciones legales que correspondan, y en ello llevamos trabajando meses", añadiendo, en relación con la investigación de la Guardia Civil, que tiene la "esperanza de que todo quede aclarado".

En cualquier caso, el presidente de Covap ha insistido en que ese es también el objetivo de la cooperativa, si bien no ha querido dar detalles respecto a las medidas judiciales que adoptará la cooperativa, señalando que, "cuando se interponga la demanda, ya se podrá saber" lo que va a hacer Covap para defender los intereses generales de la propia cooperativa, "que es la perjudicada" en este asunto. INVESTIGACIÓN

La Guardia Civil ha informado este miércoles que tuvo conocimiento de los posibles hechos delictivos descritos a través de una información anónima recibida el pasado mes de junio. El informante aportó documentación sobre una operación de compra-venta de una estación de servicio, utilizándose como pago para ello pagarés conformados por una sociedad cooperativa andaluza ganadera, Covap.

La Benemérita, ante "lo inusual de la conformidad en los pagarés" por parte de la cooperativa y tras "analizar la numerosa documentación recibida y apreciar en la misma posibles indicios de la comisión, por parte de miembros de los dos últimos consejos de administración de la cooperativa, de un delito societario, decidió abrir una investigación para esclarecer los hechos denunciados, todo ello con conocimiento de la Autoridad Judicial, que instruye la causa".

Con el avance de la investigación, la Guardia Civil ha podido apreciar que "se habían cometido irregularidades en la concesión de operaciones crediticias por un importe aproximado de unos 13 millones de euros, en el que resultaron beneficiadas varias personas jurídicas".

Estas operaciones crediticias (prestamos con garantías hipotecarias) se realizaron entre 2003 y mayo de 2011, utilizando en alguna de ellas como garantía determinados bienes inmuebles de valores inferiores a la cantidad concedida.

En el desarrollo de la operación y como consecuencia del análisis de las informaciones recibidas y de las investigaciones llevadas a efecto por la Guardia Civil, se procedió el pasado día 15 de noviembre a la detención en Alcázar de San Juan de un exdirector de la cooperativa. Asimismo y como fruto de la investigación, se ha imputado a otras 18 personas por la comisión de un delito societario, todos ellos miembros de los consejos de rectores de la empresa desde 2004.

La investigación de la Guardia Civil continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones y, entretanto, los imputados y el detenido, junto con las diligencias instruidas por la Benemérita, se han puesto a disposición de la Autoridad Judicial.