En un auto dictado el pasado día 28 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez cita a declarar a las 10,00 horas a la suegra de Guerrero, que fue incluida en el ERE de SOS Cuétara a pesar de que nunca había trabajado en esta empresa; a las 11,30 horas a José Antonio Gómez Romón, exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid que también habría recibido una póliza por importe de 460.742 euros, y, por último, a las 13,00 horas, a Antonio González Pérez, vecino de Cabra (Córdoba) que fue incluido en el ERE promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto'.

Estas declaraciones se producirán después de que, en una comparecencia celebrada la pasada semana, la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la juez Mercedes Alaya que imponga 2.850.000 euros en fianzas a las 14 personas imputadas que ya han prestado declaración judicial, mientras que el letrado de la Junta se adhirió "en lo sustancial" a lo solicitado por el Ministerio Público aunque pidió que, "atendiendo al importe satisfecho para el pago de las pólizas", las fianzas asciendan a 3.295.000 euros.

De su lado, los abogados de los imputados se opusieron a la imposición de dichas fianzas y, en el caso del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE), para quien la Fiscalía solicitó una fianza de 150.000 euros, su letrado se opuso al entender que su representado "no puede ser calificado como intruso en ningún ERE", y, en segundo lugar, porque ya consignó la cantidad de 112.900,53 euros como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia de Fortia Vida, con lo que "están suficientemente aseguradas las responsabilidades civiles que pudieran corresponderle".

El fiscal explicó que las fianzas solicitadas van dirigidas a asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas de los actos "ilícitos" imputados a estas 14 personas; así, subraya, estas cantidades "corresponden de manera general a cubrir la devolución de cantidades ilícitamente obtenidas que ellos han recibido, o que en su caso han colaborado activamente a que otros las percibieran".

En un primer momento, Anticorrupción solicitó que se impusieran fianzas a todos los imputados en la causa, pero la magistrada determinó que sólo se impusiera fianzas a las personas que ya han declarado, y determinó que, "con carácter general y en lo sucesivo", al término de las próximas declaraciones judiciales se celebrará la correspondiente comparecencia para la adopción de las medidas cautelares que se soliciten.

En esta causa permanecen imputadas más de 30 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández; el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas; el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y el sindicalista Juan Lanzas, así como el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, o su antiguo director adjunto Daniel Ponce, ninguno de los cuales, hasta el momento, ha prestado declaración ante la juez instructora.