El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con el apoyo del PSOE-A y PP-A y la negativa de IULV-CA, la proposición de ley presentada por el grupo socialista para modificar la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades (LAU), una propuesta que tiene como objetivo adaptar esta norma a los nuevos escenarios del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación, así como a los cambios introducidos en la legislación estatal en los ámbitos universitario, científico-tecnológico y de la innovación y la economía sostenible.

Según ha explicado durante su intervención en la Cámara el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, la proposición de Ley incluye como nuevo principio el del fomento de la cultura emprendedora para garantizar la vinculación entre investigación universitaria y sistema productivo. En esta línea, se abre la posibilidad de que las universidades participen en la creación de empresas de base tecnológica, parques científicos y tecnológicos y otras entidades del ámbito de la innovación. De igual modo, se incluyen medidas para potenciar la formación sobre creación y gestión inicial de negocios y apoyar, en las fases iniciales, a las empresas surgidas de la aplicación de conocimientos universitarios.

Ha indicado que otro bloque de modificaciones se dirige al establecimiento de un sistema integrado de gestión de la calidad; la promoción e integración de las enseñanzas virtuales; la potenciación del Sistema de Información Universitaria; el reforzamiento del papel de los Consejos Sociales de las Universidades como elementos de interrelación con la sociedad; la adecuación de la composición del Consejo Andaluz de Universidades a la estructura de la Consejería competente en materia de Universidades.

La proposición incluye asimismo disposiciones para incorporar la regulación por ley en materias de expropiaciones y de enseñanzas superiores que se imparten en la comunidad autónoma por universidades extranjeras pero que no forman parte del Sistema Universitario Andaluz. Respecto al primero de estos aspectos, se plantea el reconocimiento para las universidades públicas de la condición de beneficiarias de las expropiaciones forzosas que lleven a cabo las administraciones públicas para la instalación, la ampliación o la mejora de los servicios y los equipamientos universitarios.

Para garantizar la calidad de los servicios universitarios andaluces, la propuesta también especifica que debe quedar regulado por ley que la Consejería competente en materia de Universidades será encargada de realizar las actividades inspectoras y sancionadoras.

La proposición incorpora una disposición adicional de reconocimiento de la Universidad Loyola de Andalucía como universidad privada, en el marco del Sistema Universitario Andaluz. La mayor parte de las modificaciones propuestas responden a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades; la Ley 16/2007, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, modificada por la Ley 1/2011, de Reordenación del Sector Público de Andalucía; la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada el pasado mes de mayo. PSOE-A:

Una ley "equilibrada y armoniosa"

El diputado del PSOE-A Antonio Núñez ha agradecido la actitud de colaboración de PP-A e IULV-CA "pese a las diferencias" y ha destacado que el texto se ha enriquecido con 43 enmiendas de la oposición. En su opinión, se trata ésta de ley basada en una visión "equilibrada y armoniosa" entre la actividad de la universidad y la necesaria participación de la sociedad y el mundo de la empresa. "Es también un instrumento fundamental para el fomento de la calidad", ha añadido.

Núñez ha dado la bienvenida al mundo de la universidad andaluza a la universidad privada Loyola Andalucía, lo que ha considerado "una gran oportunidad para la Comunidad". Además, ha querido dejar claro que mientras siga gobernando el PSOE "nunca entregaremos el sistema universitario a los mercaderes. Las universidades nunca se irán del control y del patrocinio de la Administración", ha concluido. PP-A:

"el gobierno ha utilizado al psoe-A"

Por su parte, la diputada del PP-A Ana María Rico ha considerado que dada la importancia de esta materia el Gobierno andaluz debería haber presentado un proyecto de Ley y no una proposición de Ley. Ha mostrado desde la tribuna "la prueba" de que la proposición es "una copia" del documento elaborado por el Gobierno andaluz sobre esta materia. En su opinión, el Gobierno andaluz ha utilizado al grupo socialista "para que le hiciera este trabajo por la vía de urgencia, al ser incapaz de lograr un consenso con la comunidad universitaria".

Como consecuencia de ello se han producido distintas manifestaciones de miembros de la comunidad universitaria, según ha explicado Rico, quien ha apuntado que una de ellas se ha celebrado este miércoles a las puertas del Parlamento andaluz. "Los socialistas han hurtado este debate a la comunidad universitaria a la que somete a una imposición", ha señalado la diputada del PP-A, quien ha considerado que en dicha normativa no se han abordado las políticas fundamentales que afectan a este sector. IULV-

Ca critica un modelo "mercantilista y tecnócrata"

Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha asegurado que esta normativa no se ha negociado de manera suficiente con los agentes sociales y que no se dan dos condiciones básicas para su aprobación: lograr el mismo o mayor consenso que tuvo la ley inicial y que se aproveche la ocasión para mejorar los problemas que en su conjunto tiene el sector afectado.

García ha indicado que esta reforma consagra un modelo "mercantilista y tecnócrata" y que pone a la universidad "a los pies de los caballos empresariales", haciendo depender la financiación de los proyectos de objetivos empresariales. También ha criticado que con esta normativa se favorece a través de una disposición adicional la creación de universidades privadas.