El magistrado instructor José Francisco Ceres, que investiga en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana el supuesto caso sobre financiación irregular del PP regional, ha vuelto a pedir a la cúpula del partido que dirige Mariano Rajoy información sobre el modo de funcionamiento de la contabilidad de la formación política en la Comunitat Valenciana. Ceres ya requirió formalmente estos datos a Génova, calle donde se ubica la sede nacional del partido, en un auto fechado el pasado 26 de julio, pero la petición todavía no ha sido atendida.

En aquella instrucción, el juez optó por activar el procedimiento mediante la formación de tres piezas separadas: una sobre el presunto delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007 (financiación irregular), una segunda relativa al presunto delito de falsedad de 2008, y la tercera por presuntos delitos de prevaricación y cohecho derivados de la contratación de la Feria de Turismo Fitur entre 2005 y 2009 entre la Generalitat Valenciana y Orange Market, la marca valenciana de la trama Gürtel.

A diferencia del PP, el resto de organismos sí ha contestado al juez. La Sindicatura de Cuentas ha aportado la documentación sobre las adjudicaciones de la Generalitat a la trama Gürtel entre 2005 y 2009 en Fitur. Este mismo organismo y el Tribunal de Cuentas han enviado sus informes sobre la contabilidad electoral del PP valenciano en relación con las elecciones autonómicas y municipales de 2007. El Parlamento valenciano, Les Corts, ha confirmado la condición de aforados de miembros de la antigua cúpula de Camps supuestamente implicados, entre los que el juez citaba al exvicepresidente Vicente Rambla, al exsecretario general Ricardo Costa, a David Serra y a Yolanda García.

También Presidencia de la Generalitat ha enviado la documentación requerida, es decir, los contratos adjudicados a Orange Market por Fitur entre 2005 y 2009. No obstante, fuentes judiciales confirman que falta el expediente correspondiente a 2009. Desde el Consell han alegado al juez que no lo tienen porque, tras los registros practicados al inicio de la investigación, se encuentra en la Audiencia Nacional, a quien se le ha pedido a través del TSJ de Madrid.

En cuanto a la Policía, tiene la información requerida y en breve la pondrá en conocimiento del tribunal. Fuentes jurídicas aseguran que es “tan vasta” que necesita más margen de tiempo para clasificarla, ordenarla de modo que le pueda ser de utilidad.

Todos estos datos pedidos por el magistrado son vitales para la investigación, ya que, una vez aportados, deberán ser analizados para poner en marcha los interrogatorios y, en su caso, pedir nuevas diligencias. Hasta el momento se han personado una quincena de personas, entre los que figuran los aforados, los representantes de las empresas a las que se apunta como supuestas financiadotas del PP con pagos a través de adjudicaciones (Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y PIAF), implicados de la trama en Madrid, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.