La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha querido dejar claro este martes que la Junta está trabajando en un "clima de absoluta confianza con el Gobierno central" para terminar de cerrar el asunto de la transferencia del Guadalquivir en esta misma semana, teniendo en cuenta que el día 21 termina el plazo de prórroga de la encomienda de gestión.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Moreno ha manifestado que se está manteniendo contacto diario con el Gobierno de España para cerrar los acuerdos que se alcanzaron en la Comisión Bilateral Junta-Estado celebrada el pasado 16 de septiembre.

De otro lado, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Consejo Consultivo de Andalucía un dictamen sobre la proposición de Ley Orgánica para la delegación de las competencias de las aguas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz, presentada por el grupo socialista en el Parlamento autonómico.

La propuesta está siendo tramitada actualmente en la Cámara, cuyos tres grupos parlamentarios han solicitado al Consejo de Gobierno el pronunciamiento de su órgano consultivo superior.

El texto de la iniciativa tiene como objetivo garantizar la participación de Andalucía en la gestión de la cuenca conforme a su peso real, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida el pasado mes de marzo y de acuerdo con las previsiones del artículo 150.2 de la Constitución Española, que permite la delegación de competencias en las comunidades autonónomas. Una vez aprobada por el Parlamento, la iniciativa sería remitida al Congreso de los Diputados.

La Junta de Andalucía gestiona provisionalmente desde abril los recursos y aprovechamientos hidráulicos del Guadalquivir que se sitúan dentro de la comunidad. Esta solución transitoria, acordada con la Administración central y concretada en una encomienda a la Consejería de Medio Ambiente, ha permitido asegurar la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión de la cuenca, cuyos medios y servicios fueron transferidos a Andalucía en 2008, además de evitar que la sentencia del TC suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años.

Moreno ha destacado que aunque el citado informe del Consejo Consultivo no es obligatorio, la Junta no tiene el menor inconveniente en elevar la petición para que haya, en ese sentido, un informe jurídico que avale la máxima ambición de Andalucía sobre el Guadalquivir.