Izquierda Unida quiere que el Parlamento andaluz eleve una queja ante la Unión Europea (UE) ante la pretensión del Gobierno de Portugal de imponer un sistema de peaje en la denominada autovía de El Algarve (A-22) por la "repercusión negativa" que tendrá en la economía de la comunidad y, en especial, de la provincia de Huelva.

Así lo plantea en una proposición no de Ley registrada por el Grupo de IULV-CA para su debate en el Pleno de la Cámara, en la que se insta a la Junta a reclamar a su vez al Gobierno central que utilice "todas las vías de diálogo a su alcance" para evitar la imposición de dicho peaje en la autovía de El Algarve.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la federación de izquierdas plantea además que el Parlamento andaluz proponga al Gobierno portugués una "reflexión" sobre su pretensión de imponer esta medida "en unos momentos tan delicados para el empleo y el desarrollo económico tanto en Portugal como en España, solicitando en todo caso que se estudien, antes de su puesta en funcionamiento, las consecuencias en la economía de los territorios afectados en Portugal y España".

En este sentido, IULV-CA pone de manifiesto que la pretensión de imponer un peaje en la autovía de El Algarve "ha levantado una amplia oleada de protestas ciudadanas, que se extienden a ambos lados de la frontera hispano-lusa, por la previsible repercusión negativa que dicha medida puede tener tanto sobre la economía de El Algarve y Alentejo como sobre la provincia de Huelva".

Como prueba de ello, IU destaca que "estos territorios vecinos comparten lazos económicos, turísticos, sociales y culturales desde hace siglos con España, y con Huelva en particular, que se incrementaron históricamente con la construcción de infraestructuras transfronterizas como el puente internacional de Ayamonte, con el recientemente inaugurado puente de El Granado-Pomarao o la conexión, en construcción en este momento, Paymogo-San Marcos".

"Es evidente que estamos ante una competencia exclusiva del Gobierno de Portugal, pero también es evidente que estos dos países de la UE, que comparten miles de kilómetros de frontera, deben ser cuidadosos para que determinadas medidas no incidan negativamente en la economía del país vecino al que en muchos casos se vincula incluso económicamente", subraya la federación de izquierdas.

A su juicio, "no parece tener mucho sentido que en países que ya no están separados por una frontera por la que los portugueses y españoles entran y salen sin pasaporte no sean capaces de estudiar medidas para evitar que el uso de la propia soberanía no perjudique gravemente a los vecinos históricos a los que debe su propio desarrollo económico, máxime cuando muchas de estas grandes infraestructuras se han financiado en parte con fondos provenientes de la propia UE".