Peluqueros o dentistas callejeros por medio dólar en la India

Peluqueros y fruteros, zapateros, planchadores y dentistas; muchos oficios siguen vivos en las calles de la India y son, en la práctica, la única alternativa para millones de personas pese al alto crecimiento económico del país. Según datos del sector, este tipo de economía informal integra a unos trece millones de vendedores callejeros, que representan el 2% de la población urbana, aún minoritaria frente a la rural en un gigante asiático que se industrializa a velocidad de crucero.

Lo que peor llevo es el invierno, hace mucho frío para trabajar fuera. Ojalá pudiera tener mi propio establecimiento, pero sería muy caroA pie de calle y al instante, sin impuestos ni intermediarios, puede uno afeitarse, fijar la suela del zapato, borrar las arrugas de la camisa y comprar los tomates, pepinos y zanahorias de una ensalada, todo ello desembolsando apenas 25 rupias (medio dólar).

Esta es, aunque parezca mentira, la cantidad necesaria para el gasto diario de manutención, sanidad y educación de una persona en la potencia emergente india si se tiene en cuenta lo anunciado la semana pasada por la Comisión gubernamental de Planificación. Al barbero Kalian Singh, emigrante (de la depauperada región norteña de Uttar Pradesh) como el 80 % de los trabajadores de este colectivo, las obras de los últimos días le han obligado a mudarse a la acera de enfrente en una céntrica zona de Nueva Delhi.

Algunos clientes le buscan pero no le encuentran donde siempre, junto a un puesto de samosas y otras fritangas, pero enseguida acaban divisando su inconfundible sombrilla, que lleva 30 años plantándose en las calles de la ciudad. "Lo que peor llevo es el invierno, hace mucho frío para trabajar fuera. Ojalá pudiera tener mi propio establecimiento, pero sería muy caro, perdería mucho dinero de ganancias", explica a Efe mientras corta la barba a un joven con utensilios polvorientos.

Durante el monzón se pierde bastante dinero, pero lo que menos me gusta es el regateoNo muy lejos, en el mismo barrio, Bunty Mantho alisa a toda velocidad con una pesada plancha de carbón camisas y pantalones que están amontonados en un camastro: hasta 300 piezas al día. Si llueve, el veinteañero Mantho recoge los bártulos y se pone a cubierto. "Durante el monzón se pierde bastante dinero, pero lo que menos me gusta es el regateo", afirma con una sonrisa imborrable, al tiempo que recuerda que su familia ha estado ejerciendo el oficio desde hace décadas, mucho antes aterrizar en la capital.

"Aunque haya desarrollo seguirá habiendo quien recurra a los puestos de la calle", mantiene el abogado Sumit Singh, que trabaja para la Asociación Nacional de Vendedores Callejeros (NASVI), una suerte de sindicato que representa a 360.000 ciudadanos.

Singh admite que a veces "la calidad del servicio es inferior, como en el caso del barbero", aunque alega que "hay gente que no puede permitirse ir a uno bueno". NASVI confía en que el Parlamento apruebe antes de fin de año una ley que refuerce los derechos de estos trabajadores y de paso acabe con años de políticas mal implementadas, estableciendo con claridad zonas de venta permitida.

La venta callejera (argumenta Singh) ha tenido históricamente un "fuerte arraigo" en la India, donde "por cada tres o cuatro aldeas se hacía un mercadillo", y se acentuó en el siglo XX con la creciente urbanización del país y el abandono del medio rural. Los oficios de la calle (algunos todavía asociados a la pertenencia a una determinada casta del sistema hindú) cuentan con gran tradición y mucha clientela.

La falta de regulación no les ha librado sin embargo de ser pasto de uno de los principales males del país; la corrupción. Sólo en Nueva Delhi se estima que hay 300.000 vendedores callejeros y apenas 2.500 de ellos con licencia para vender, asegura Vinod Simon, director de programas de NASVI. La fuente subraya que "los sobornos están a la orden del día y en ocasiones son muy elevados", al tiempo que agrega que "en cada zona los comerciantes nombran a un 'broker' o negociador para lidiar con la administración y la policía".

Los responsables de la ONG se agarran al clavo ardiente de que la legislación ayude a frenar los continuos litigios por el uso de espacio público (hasta 200 al día en la ciudad), un imperativo sobre el que el Tribunal Supremo ya dictaminó hace más de dos décadas.