El sindicato CSI-F exige el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo por las que se declara nulo el Real Decreto sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la comunidad autónoma; "sin más dilación para que se garantice su seguridad jurídica y profesional que en estos momentos se encuentra congelada".

Asimismo, en un informe de CSI-F sobre la transferencia de competencias del Guadalquivir, la organización sindical insta a que la negociación que se está realizando estos momentos para definir unas nuevas transferencias sea "pública" y así "ser informados de que materias y centros están encima de la mesa y poder adecuar sus legítimas expectativas e intereses con el devenir de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

Por otro lado, en el mismo texto señala que el Gobierno del Estado ha de cumplir las sentencias y "no puede exigir a los ciudadanos el sometimiento al imperio de la ley sin estar ellos mismos sometidos a la misma". Del mismo modo, considera que el Gobierno, para el cumplimiento de la sentencia, "no tiene nada que negociar con nadie, ya que el acatamiento de la ley no es negociable".

En este sentido, indica que si el Gobierno quiere transferir o encomendar la gestión de nuevo de parte del Guadalquivir, los tribunales después dirán "si es legal o no".

Por otro lado, CSI-F lamenta que el Gobierno de España esté dilatando de un modo "aberrante" el cumplimiento de las sentencias Tribunal Supremo, y aclara que si el Real Decreto anulado adjudicaba a la Junta de Andalucía la titularidad de unas competencias, unos bienes y unas responsabilidades, la anulación supone que el Estado "nunca ha dejado de ser el titular de esas competencias, bienes y responsabilidades, de tal modo, que lo actuado por la Junta de Andalucía con relación en diversos aspectos está siendo anulado".

Del mismo modo, considera que el Gobierno es "el único responsable" de la ejecución de las sentencias, aunque "negocia con la Junta de Andalucía una nueva transferencia sin haber recuperado lo ilegalmente transferido". En esta línea, ha precisado que el acuerdo de encomienda de Gestión del Estado a la Junta, con fecha de 7 de abril y que finaliza el próximo 7 de octubre, "no sirve para seguir gestionando el río ya que las consecuencias de las sentencias son incuestionables".

Por último, critica que la situación de los trabajadores que fueron transferidos en virtud del anulado Real Decreto están viviendo en una mezcla de "indignación, asombro e incredulidad" lo que está ocurriendo, ya que el Gobierno "no tiene nada que negociar, sino recuperar absolutamente todo lo transferido, esto es, bienes materiales, humanos, competencias y recursos". "Mantener esta situación supone mantener una ilegalidad que perjudica notablemente los intereses de los trabajadores afectados, su participación en los concursos de promoción y traslado, entre otros derechos, se encuentra cercenada en ambas administraciones", ha añadido.