El equipo de Gobierno de Camargo (PP) llevará este jueves al Pleno una moción en favor de la paralización cautelar del desarrollo de la Ley de Costas y de que se deje sin efecto el deslinde público marítimo-terrestre porque, a su juicio, lo contrario supondría una "injusticia de grandes dimensiones" y un "varapalo" para el desarrollo industrial y empresarial del municipio y de Cantabria.

Así lo ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa el alcalde de Camargo, Diego Movellán, quien ha confiado en que la Corporación "se defina" y, con el apoyo de los grupos de la oposición (PRC, PSOE e IU), diga "alto y claro: esto no puede ser".

"Espero que todos los grupos se posicionen a favor y dejen al margen las siglas políticas porque estamos defendiendo nuestros intereses, que son los de los afectados", ha dicho Movellán, quien ha recordado que el deslinde y la caducidad en 2018 de las concesiones de todos los terrenos ubicados en el litoral afectados por la Ley de Costas afectará, dentro del municipio, a los polígonos de Raos y La Verde.

Ha advertido que también se verán afectadas empresas que son "seña de identidad" del desarrollo industrial del municipio, como Ferroatlántica, la antigua Alcatel —ahora divida en las plantas B3 Cable Solutions y Draka Comteq— o las industrias que se extienden a lo largo de la Avenida Juan Carlos I.

En este sentido, Movellán ha criticado que, "con la que está cayendo", se esté "jugando" con aquellos que, como estas empresas, crean puestos de trabajo y riqueza para toda Cantabria y para Camargo.

Una injusticia

Así ha recordado que ya desde la oposición, tanto en el municipio como en la comunidad, el PP se ha mostrado en contra de la Ley de Costas y de su desarrollo y ha asegurado que ahora desde el Gobierno seguirá trabajando en la misma línea defendiendo a los afectados ante lo que consideran una "injusticia".

Además, ha confiado en que tras las elecciones generales del próximo 20 de noviembre y, confiando en una victoria del PP, "se pueda dar seguridad jurídica" a "centenares" de empresas afectadas por el desarrollo de la Ley con los deslindes y el fin de las concesiones que actualmente —ha dicho— "no tienen ninguna garantía".

El regidor ha estado acompañado en la rueda de prensa por el presidente de la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Thomas, quien ha advertido que Camargo será el Ayuntamiento "más afectado" de la región y "uno de los que más" de España por el daño a su tejido empresarial. CAMARGO,

El municipio "más afectado"

El presidente de esta asociación ha alertado que, mientras que en Cantabria el desarrollo urbanístico en la costa —algo que quería frenar la Ley de Costas— es "muy limitado", sí hay un enorme tejido productivo asentado allí "desde tiempo inmemorial".

En este sentido, ha opinado que la Ley de Costas, que nació, según ha reconocido, con un "espíritu proteccionista" y "loable" de parar la "pared de hormigón" que se estaba generando en el litoral mediterráneo, tiene para Cantabria y para Camargo un "efecto perverso" al venir a "destrozar" su tejido industrial.

Thomas ha advertido de que, si no hay esa reforma de la Ley de Costas que persiguen los afectados y si se mantiene la caducidad de las concesiones en 2018, en Cantabria "desaparecerán" un "montón" de empresas —unas 1.200, según la Cámara de Comercio— y de puestos de trabajo (25.000 directos).

"golpe definitivo"

En este sentido, ha asegurado que, si ya en una situación "normal" esto sería una "hecatombe", en la actual será "un golpe definitivo " para Cantabria y para su tejido industrial y empresarial.

Por este motivo, ha lamentado que, hasta ahora, "sólo" el PP haya "tomado conciencia" de la necesidad de llevar a cabo una reforma de la Ley que corrija los aspectos que provocarían esa "hecatombe" y ha asegurado que "no entiende" que PSOE y PRC se mantuvieran "al margen" de la propuesta presentada por los 'populares' en el Senado para que, al menos, se respetasen los plazos de todas las concesiones vigentes.

El presidente de esta Asociación ha explicado que en el polígono de Raos las concesiones tenían vigencia hasta 2066, un periodo que, si no se realiza una reforma, se recortaría a 2018.

"Les quitan 50 años de concesión, sin ningún tipo de contraprestación económica", se ha quejado Thomas, quien ha señalado que, además, existen varias concesiones "a perpetuidad" que se otorgaron a principios del siglo pasado que también quedarán invalidadas.

Ha asegurado que la "ruina" que, a su juicio, se va a provocar ya se nota ahora cuando algunas de las empresas afectadas por la Ley de Costas acuden a los bancos en busca de financiación y no la obtienen al no poder presentar como aval sus instalaciones. Según ha dicho, "nadie presta" a una empresa con unas instalaciones a las que le quedan 7 años de concesión.

Thomas se ha congratulado de que el cambio de Corporación en Camargo haya traído un "cambio de posición" sobre la Ley de Costas y ha confiado en que, cuando se presente la moción, "recapaciten los otros grupos" y "se pongan a favor del futuro y de la industria".

"No vemos otra salida que la reforma de la Ley", ha insistido el presidente de la Asociación Cántabra de Afectados, quien ha opinado, que es "hora" de que los grupos de la oposición "muevan ficha".

A la rueda de prensa, también han asistido el representante de los empresarios del polígono de Raos, Francisco Men, y el presidente del PP, Amancio Bárcena.