UPyD, a través de su Consejo Local en Valencia, ha decidido convocar el próximo viernes a las 9.15 horas una concentración a las puertas del Ayuntamiento como "medida de protesta ante la decisión del consistorio de modificar el Reglamento Orgánico del Pleno e impedir así la libre asistencia de ciudadanos".

Según ha informado la formación en un comunicado, el objetivo es "reivindicar la publicidad absoluta de los plenos y la transparencia de la administración ante la pretensión del Ayuntamiento de modificar el artículo 63.2 del Reglamento Orgánico del Pleno e impedir el acceso a quienes no dispongan de una invitación de los partidos políticos con representación"

UPyD ha apuntado que ya presentó el pasado 15 de septiembre una reclamación contra esa modificación, "con el fin de mantener el actual estatus público de las sesiones, que el consistorio ha decidido ignorar".

La formación ha subrayado que tiene "mucho interés en conocer de primera mano las decisiones de los políticos que se supone nos representan" por lo que ha asegurado no entender "la decisión del consistorio valenciano de poner trabas al derecho constitucional de participación ciudadana en la vida política, reconocido de manera explícita en el artículo 9.2 de la Carta Magna".

Esta reclamación surge como "reacción" al anuncio del BOP Valencia, con fecha de 16 de agosto de 2011, de la decisión adoptada por el último pleno del Ayuntamiento "de modificar la legislación vigente y restringir la asistencia a los plenos a gente invitada por los partidos políticos con representación, reduciendo la posible asistencia de público general al simbólico número de seis personas".

Asimismo, sostiene que la pretensión de modificar el actual Reglamento Orgánico del Pleno "atenta contra la Ley de Bases de Régimen Local (artículo 70.1), la Recomendación (2001) 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la participación de los ciudadanos en la vida pública a nivel local (suscrita por el Municipio de Valencia el 28 de septiembre de 2008) y el artículo 9.2 de la propia Constitución Española, que consagra la obligación de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política".