El Plan de Derribos diseñado por el Gobierno de Cantabria considera insalvables unas 150 viviendas de las 621 sobre las que pesan actualmente sentencias de derribo. Su demolición se llevará a cabo en los tres próximos años y en los presupuestos regionales de cada ejercicio se consignarán partidas para hacer frente a las indemnizaciones con carácter previo, según informaron hoy en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández.

El grueso de las viviendas sobre las que no cabe posibilidad de legalización son las 102 de La Arena (Arnuero), a las que se suman las 42 que se han derruido ya. Otras 17 están en Cerrías (Piélagos) y entre 15 y un máximo de 30 se localizan en Argoños. El calendario del Gobierno fija la demolición en 2012 de una vivienda de Argoños, en 2013 siete viviendas de Cerrías y en 2014 las otras 10 sentenciadas a derribo en esta zona de Piélagos.

Paralelamenta, se empezará a trabajar "desde ya" en la búsqueda de soluciones que permitan la legalización del resto de los inmuebles condenados. El Gobierno espera 'salvar' del derribo "al menos las dos terceras partes" del total de viviendas afectadas por sentencias de demolición, en un proceso que espera culminar en el año 2018.

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