La vista del caso en este tribunal federal, del distrito de Columbia, fue consecuencia de la denuncia de varios grupos defensores de los derechos civiles e instituciones educativas que consideran que el Gobierno pretende aplicar normas de la época del teléfono a una nueva generación de servicios por Internet.
"Su argumento no tiene sentido", le dijo el juez Harry T. Edwards al letrado de la FCC, Jacob Lewis.
"Cuando vuelva a la oficina, ríase usted a gusto. No me lo voy a perder. Esto es ridículo, abogado!", le espetó Edwards, según testigos presenciales.
El magistrado se mostró escéptico con los planes de la FCC de obligar a los proveedores de teléfono por Internet y de servicio de banda ancha a facilitar las escuchas policiales.
Las nuevas medidas propuestas por la Comisión deberían entrar en vigor en mayo de 2007, como confirmó la propia FCC hace apenas dos días, cuando aún no se conocía la resolución judicial.
Los críticos consideran que las pretensiones de la FCC son demasiado amplias y no encajan dentro de la ley de 1994 que regula este tipo de actividades. La Comisión asegura que esa ley
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