El Gobierno extremeño dejará de gastar 605 millones por ingresos que "no llegarán" y los destinados a bajar el déficit

El PSOE insiste en que el anterior ejecutivo regional dejó en cuenta corriente y en tesorería 400 millones de euros
Antonio Fernández
Antonio Fernández
JORGE ARMESTAR
Antonio Fernández

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, ha señalado que el Gobierno regional "tendrá que dejar de gastar" 605 millones de euros en la comunidad debido a los ingresos presupuestados por el anterior ejecutivo autonómico del PSOE que "no llegarán" y a los que deberá destinar, ha dicho, a "reducir el déficit".

En materia de gastos, ha explicado que "sobre 5.200 millones presupuestados" por el PSOE para este año "se dejó libre para gastar 1.300 millones y todo lo demás estaba ya comprometido", y ha añadido que sobre esos 1.300 millones el Gobierno regional "tendrá que dejar de gastar 605, que es la suma de los ingresos que no llegarán y de los ingresos que se destinen a reducir el déficit".

En este sentido, ha advertido también de que como consecuencia de la resta entre los 1.300 millones citados y los 605 que se dejarán de gastar, "quedan para gastar 99 millones por mes", mientras que el gobierno anterior "ha gastado o comprometido por cada mes 667 millones", ha aclarado.

"Vamos a intentar reducir el déficit, y lo vamos a hacer por la única vía que podemos, reduciendo el gasto", ha aseverado Fernández, quien ha indicado que el Gobierno regional "va a intentar con todas sus fuerzas" que la comunidad autónoma "pueda funcionar pasando de un gasto de 667 millones a otro de 99 millones".

En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Socialista en materia de déficit este jueves en el pleno de la Asamblea, el titular de Economía y Hacienda ha insistido en que la Junta va a ingresar "bastante menos" de lo presupuestado por el anterior gobierno regional (del PSOE), en concreto, un montante de 368 millones de euros, como consecuencia de "unos ingresos presupuestados para este ejercicio (por el PSOE) y que nunca llegarán".

Se ha referido en concreto a 279 millones de euros que "tienen que venir" del Gobierno central y que "finalmente no van a venir" debido a que "esos ingresos no figuran en los presupuestos del estado".

Como otra partida de ingresos de la que es "muy difícil su cobro" ha citado la venta de viviendas sociales por 96 millones de euros presupuestada por el anterior gobierno autonómico, y sobre la cual Fernández ha indicado que en los primeros siete meses del año "se vendieron cuatro millones". "Al presupuestar este concepto se pasaron de optimistas", ha advertido al PSOE.

Dinero en tesorería

Por su parte, el diputado del PSOE Jorge Amado ha criticado la "insistencia por confundir y decir medias verdades" del consejero, y ha afirmado que la "situación real" de las cuentas es que el anterior gobierno de la Junta "dejó en cuenta corriente y en tesorería 400 millones de euros, unas obligaciones de pago reconocidas de 228 millones y un 55 por ciento del mismo (el presupuesto regional) sin obligar, a entera disposición" del actual Gobierno regional.

Frente a la citada "situación real", ha criticado también la "especie de realidad ficción creada intencionadamente" que plantea "repetidamente" el consejero en cuanto a las cifras de déficit, y le ha recordado al Ejecutivo extremeño que "la cruzada por buscar el déficit perdido no le va a servir para justificar recortes que está deseando hacer".

Asimismo, le ha pedido a la Junta que aplique el plan de reequilibrio económico y financiero elaborado por el anterior gobierno regional y aprobado por el Consejo de Política Económica y Fiscal, y que "marcaba las pautas" para cerrar 2011 con un déficit en Extremadura del 1,3 por ciento

"Dejemos ya de tanta ciencia ficción, de agujeros negros, de matrix financiero y bajemos ya de una vez a la realidad", ha sentenciado el diputado socialista, quien ha solicitado al Gobierno regional del PP que "gobierne" y que deje de hacer en materia de déficit "declaraciones catastrofistas, absolutamente infundadas y con un alto coste económico y social" como las que a su juicio viene realizando y que, según dice, "sólo sirven al objetivo de justificar la incapacidad del Gobierno para gestionar".

Según ha apuntado, durante el tiempo que lleva en su cargo el consejero "ha encarecido a corto plazo las condiciones de acceso a los mercados financieros", y ha provocado —dice— un "sobrecoste asociado a sus irresponsables declaraciones que está aproximadamente en 1,5 millones de euros".

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