La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, confía en que las indemnizaciones a los trabajadores de Nueva Papelera de Besaya por el cierre de la empresa, fijadas en 20 días por año trabajado, puedan incrementarse incluso hasta los 45 por año trabajado "con los topes legales correspondientes, al estar ligados los trabajadores a los activos de la fábrica".

Cedrún ha aclarado, a preguntas de la prensa, en una rueda de prensa sobre la manifestación contra la reforma, que tras el derrumbe de la cubierta de la papelera, la plantilla quedó vinculada a lo que sucediera con los activos, según un acta del Consejo de Administración del ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas).

La sindicalista mostró su esperanza en que, tras el cierre de la empresa y la extinción de todos sus contratos menos los de tres directivos hasta la clausura definitiva de la planta, "se pudiera, por ejemplo, llegar a un acuerdo con el seguro para que los trabajadores alcanzasen los 45 días por año trabajado".

Según Cedrún, "nunca se puede quedar uno satisfecho del cierre de una empresa", aunque al final se ha logrado un acuerdo en el expediente de extinción de los contratos "donde, gracias a la generosidad de los propios trabajadores, se ha podido compensar a los que menos antigüedad tenían y salían en peores condiciones".

"El acuerdo se ha logrado después de cuatro días muy duros de negociación y ha sido especialmente difícil por las grandes diferencias salariales que había en la plantilla, con sueldos de 1.400 euros mensuales y otros de 6.000", puntualizó la secretaria general de UGT.

Cedrún recordó que el próximo miércoles se ha convocado una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del plan de recolocaciones de los algo más de un centenar de trabajadores de la extinguida papelera cántabra en la que, según dijo, "esperamos se nos informe de las empresas que podrían participar en la reinserción laboral porque lo que sabemos hasta ahora ha sido a través de los medios de comunicación".