El 81 por ciento de los solicitantes andaluces de una vivienda protegida tiene un nivel de ingresos inferior a los 2,5 veces el Iprem (Índice Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que se traduce en una renta de menos de 29.000 euros brutos anuales, según ha indicado a Europa Press la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, quien destaca que los menores de 35 años siguen siendo el colectivo mayoritario de demandantes de una VPO, con el 65 por ciento de los solicitantes.

La consejera ha precisado que en Andalucía ya están en funcionamiento 272 registros, en su mayor parte "de grandes municipios", y en la actualidad, el número de solicitudes asciende a 85.330 y el número de inscripciones a 59.099. Ha precisado que, a pesar de que cada demandante tiene derecho a inscribirse en los registros de tres municipios distintos, "apenas hay duplicidad de demandantes, sólo de un diez por ciento".

La modalidad del alquiler es la elegida por el 61 por ciento de los solicitantes, aunque de ese porcentaje, el régimen de alquiler con opción a compra representa el 46 por ciento, mientras que el 39 por ciento restante de los interesados se decanta por la compra, lo que denota que "aunque hemos cambiado un poco, los andaluces seguimos con la cultura de vivienda en propiedad y, si no puede ser ahora en propiedad, que sea de alquiler pero con la opción de compra cuando mejore mis condiciones económicas", ha precisado Cruz Villalón.

La consejera ha explicado asimismo que en la región ya se han adjudicado a través de los registros municipal de demandantes un parque residencial de 7.486 VPO en 99 municipios andaluces, de los que 6.210 se han acogido al régimen de venta y 1.276 en alquiler.

Asimismo, un total de 729 municipios han presentado sus bases para ser informadas por la Consejería, de las que, hasta ahora 674 tienen valoración positiva y el resto deberá realizar modificaciones.

Para la consejera, "hay que aprovechar la coyuntura crítica actual para potenciar la cultura y el modelo del alquiler, que no está consolidada" y ha indicado en ese sentido que los empresarios "también deben cambiar su mentalidad", de forma que "deben construir bloques de viviendas para después, en vez de venderlas, alquilarlas, recuperar los antes llamados 'rentistas' y ahora se llama 'retail'; hay que llevar la modalidad de 'retail', muy presente en los edificios de oficinas, al alquiler de viviendas".

La consejera de Obras Públicas y Vivienda considera que el sistema de registros "es una medida buena, que está funcionando", toda vez que los registros "nos ayudan a identificar el tipo y perfil de demandante, el tipo de vivienda y en qué condiciones" y además, según resaltó, "es una base para tomar decisiones, una medida más precisa".

Ha precisado que estos registros "deben pasar por la Junta para unificar bases de datos y tener una idea de conjunto de la situación" y ha resaltado que los ayuntamientos "entienden que se trata de una medida positiva que nos da una radiografía más precisa de los instrumentos que hasta entonces había y nos ayuda en nuestra toma de decisiones".