El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha anunciado este sábado que van a llevar a la Fiscalía la próxima semana el documento en el que se trata de modificar la baremación y la documentación relacionada del Plan de Reindustrialización en la Bahía de Cádiz de 2011, un plan en el que, ha dicho, "ha existido una clara voluntad de ayudar a determinadas empresas en perjuicio de otras". Por ello, pedirán al Congreso de los Diputados "que se fiscalicen las ayudas".

Así lo ha puesto de manifiesto Loaiza en rueda de prensa junto al diputado delegado de Empleo, Ignacio Romaní, para informar sobre la gestión realizada por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de Diputación en la tramitación de los expedientes de ayudas del Ministerio de Industria dentro del Plan Bahía de Cádiz.

Esta comparecencia se ha producido tras conocerse el anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos del Ministerio de Industria, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 18 de julio, en el que se informaba del inicio de un procedimiento para el reintegro de más de 14,5 millones de euros en ayudas concedidas a las empresas Cádiz Solar Center, Soluciones Tecnológicas Ambientales y Aquandalucia, en las convocatorias de 2009 y 2010 del Programa de Ayudas para la Reindustrialización en la Bahía de Cádiz.

Ante ello, Romaní ha explicado que el IEDT forma parte de la comisión integrada por la Agencia IDEA y el Plan Bahía Competitiva; comisión que evalúa la concesión de las ayudas de acuerdo a las bases reguladoras establecidas por la Dirección General de Industria, "públicas y perfectamente estipuladas", y cuya evaluación se hace de acuerdo con ocho criterios objetivos.

En este sentido, el diputado de Empleo ha informado de que el pasado 15 de febrero la comisión de gestión y coordinación se reunió para calificar las puntuaciones y remitirlas a la Dirección General de Industria. Posteriormente, el 17 de febrero la Agencia IDEA cursó un correo al IEDT por el que se indica que el IEDT de la Diputación tiene que cambiar las puntuaciones establecidas, concretamente para beneficiar algunos proyectos en la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Además, incide, también se expresó en el correo la orden de mantener el proyecto de Zahav, aunque "nos podemos quedar con 3,5 millones de euros colgados". Asimismo, se ordena bajar la puntuación de Electrotes, Sal de Sanlúcar y de la Planta de Energía Solar Olivares, entre otras empresas.

Entretanto, en ese mismo correo advirtieron de que los proyectos deben quedar entre los primeros lugares y también de que "faltan 500 mil euros para cuadrarlo", aunque se señala que "habrá que consultar antes". Tras recibir este documento, el 23 de febrero, el director gerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales Pizarro, mantuvo una reunión técnica en la sede del IEDT en la que señaló a los técnicos su consideración de que algunos de los proyectos presentados "deben recibir un mayor porcentaje de crédito en la valoración realizada por la comisión de evolución referida". También trató de aportar nueva documentación para que se incluyese en la valoración algunas empresas, todas ellas vinculadas al empresario Alejandro Dávila Ouviña.

En este punto, el diputado de Empleo ha aseverado que los técnicos del IEDT "se negaron a los requerimientos del director gerente de Bahía Competitiva, e informaron a la diputada María José Valencia, quien apoyó a los técnicos del IEDT".

Así, el informe final se comunicó telemáticamente a la Dirección General de Industria el 24 de febrero con las valoraciones fijadas en la reunión de la comisión mixta del 15 de febrero. No obstante, en él se advierte que las empresas vinculadas a Alejandro Dávila Ouviña concentran el 32 por ciento de toda la inversión, "pese a que hay dudas sobre la capacidad financiera de las mismas". Por otra parte, una vez publicadas las puntuaciones finales, las referidas empresas "ocupan los primeros puestos en la concesión de ayudas", indica Romaní.

Ante estos hechos, el presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha manifestado que "la Agencia IDEA y el Plan Bahía Competitiva han tenido la intención de beneficiar a unas empresas sobre otras que concurrían a las mismas convocatoria, según la información recabada", explica. Asimismo ha destacado que los técnicos del IEDT "se opusieron a esta arbitrariedad".