La mujer a quien los 'indignados' impidieron que fuera desahuciada se pregunta "dónde está la protección" del Ibavi

Maria, la mujer de 38 años, con una hija de ocho, a quien los 'indignados' impidieron que fuera desahuciada esta mañana por no poder pagar el alquiler de 350 euros de su piso, ubicado en el número 4 de la calle La Ferreria de Palma y gestionado por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), se ha preguntado "dónde está la protección" de este organismo público dependiente del Govern.

Así, tras conocer que la presencia de medio centenar de 'indignados' había evitado que la comisión judicial procediera a desahuciarla y haya pospuesto este procedimiento, la mujer ha admitido estar "contentísima" por el apoyo que ha recibido del Movimiento 15-M y por sus vecinos y, en este sentido, ha dicho que no se lo podía creer cuando ha visto a tanta cantidad de gente impidiendo su desahucio.

Por otro lado, ha explicado que lleva seis años viviendo en esta vivienda de protección oficial, pagando 350 euros mensuales, si bien hace año y medio comenzó a tener una situación económica "límite", debido a que sólo cuenta con un contrato mercantil trabajando únicamente unas horas al mes, lo que le reporta unos 350 euros mensuales.

"He aprendido a vivir con lo mínimo y haciendo milagros", ha aseverado, al tiempo que ha explicado que tras cinco meses sin poder hacer frente al pago del alquiler del piso, su asistenta social le informó de que el Ibavi había comenzado todo el trámite administrativo para desahuciarla que se prolongó durante un año.

Así, ha detallado que un día le notificaron que en un plazo de tres meses se celebraría el juicio y en el mismo escrito le informaron de la fecha y la hora en la que se llevaría a cabo el desahucio a un mes del juicio, concretamente, este jueves a partir de las 10.00 horas.

Ningún tipo de prestación por desempleo

"Estuve dos años como autónoma y al irme no me correspondía ninguna prestación de ningún tipo, ni ayuda familiar, por lo que no disponía de ningún tipo de ingresos, razón por la cual en tres ocasiones pedí por escrito al Ibavi que me bajara el precio del alquiler, fijado en 350 euros", ha indicado.

Sin embargo, ha explicado que la asistenta social le reveló que había otras 30 familias que también habían solicitado una rebaja en el precio del alquiler de su VPO a 200 o 300 euros, si bien, finalmente, "sólo se le concedió a una, porque se trataba de una familia monoparental, compuesta por una mujer enferma y sin trabajo y con muchos hijos".

"Esto me pareció una vergüenza", ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que el Ibavi está desahuciando a muchas familias por no poder hacer frente al pago de las viviendas de protección oficial.

Por otro lado, ha apuntado que cuando los 'indignados' se enteraron de su situación, le dijeron que había que hacer algo para impedir el desahucio, algo que, según ha reconocido, le daba "vergüenza".

Por ello, ha animado a la gente que está en su misma situación a que lo hagan público para que los 'indignados' también puedan acudir a su vivienda para evitar el desahucio "y no les tiene que dar vergüenza, porque vergüenza es lo que nos están haciendo ellos que es robarnos".

Asimismo, ha indicado que desconoce si su desahucio se va a posponer uno, dos o tres meses, aunque ha esperado que "sea un año". No obstante, ha señalado que cumplirá el plazo y ya no seguirá "resistiendo" una vez regrese de nuevo la Comisión Judicial, por lo que acudirá a casa de una amiga que "amablemente" le ha ofrecido a ella y a su hija un "rinconcito".

En este sentido, ha lamentado que debido a su precariedad laboral, no puede acceder a alquilar una vivienda, porque, según ha recordado, los propietarios piden que la nómina se ajuste, al menos, a un 33 por ciento del coste del piso, al tiempo que exigen tres meses de adelanto. Por tanto, ha dicho que la única salida que le queda actualmente es compartir una habitación.

"La Constitución dice que hay derecho al trabajo y a la vivienda y, sin embargo, hay miles de desahucios, lo cual es una barbaridad", ha zanjado.