Francisco Adame, el vecino de Fuente Palmera (Córdoba) afectado por la existencia de una vaquería ilegal junto a su casa, ha informado de que el próximo 30 de junio expira el plazo establecido en el acuerdo entre el Ayuntamiento y el propietario de las instalaciones para el cese de la actividad, "a pesar de que éste no ha realizado ninguna acción para ello".

En declaraciones a Europa Press, Adame ha explicado que ha tenido conocimiento de que el propietario de la explotación ganadera presentó en el mes de enero un proyecto para el traslado a la ubicación acordada, no concediéndose la licencia por no reunir los requisitos.

Posteriormente volvió a presentar el mismo proyecto que fue rechazado, ya que no contemplaba ninguna modificación, lo que, según Adame, "pone en evidencia su falta de voluntad de cumplir el convenio". De hecho, dice que ya es imposible, por falta de tiempo, que obtenga la licencia para el traslado de la actividad al lugar acordado.

Y es que señala que el propietario de la explotación, Antonio de la Rosa Martínez, "no ha realizado ninguna acción encaminada al cese de la actividad, sino que, por el contrario está realizando reformas, como de costumbre, sin permiso municipal que indican su intención de continuar en el mismo lugar".

El vecino afectado por la presencia de esta vaquería ilegal junto a su casa ha recordado que en la estipulación VI del convenio se recoge que, ante el incumplimiento por parte del propietario, la Alcaldía dictará una resolución con fundamento en el convenio que le será notificada al menos con diez días de antelación, determinando el día y la hora en la que se procederá a ejecutar con carácter subsidiario la orden de cese de la actividad, incluso con el sacrificio de los animales, sin necesidad de solicitar autorización judicial de entrada.

Adame ha manifestado que ha tenido que soportar junto a su familia, durante muchos años, "los daños y perjuicios que suponen tener una explotación ganadera ilegal" junto a su vivienda, situación que "ha sido tolerada por el Ayuntamiento", convirtiéndose de ese modo en "corresponsable".

Por ello, no descarta pedir responsabilidades patrimoniales sobre aquellos que, desde el Ayuntamiento, no cumplen con el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a favor del cierre de la actividad.