La economía sumergida en España representa el 23,7% del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2005 y 2008, según un análisis divulgado este miércoles por la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS).

El pasado 3 de marzo, en un adelanto de este estudio, se cifraba la economía sumergida en torno al 17% del PIB.

Según explica en una nota FUNCAS, al nuevo porcentaje han llegado los expertos utilizando tres procedimientos distintos: el método monetario, el consumo de energía y el método MIMIC (múltiples indicadores y múltiples causas).

Los expertos han estudiado el período 1980-2008 y han llegado a la conclusión de que, con cualquiera de los tres métodos empleados, se aprecia un aumento del volumen de la economía sumergida, tanto en términos absolutos como en comparación con el volumen de actividad económica oficial medida por el PIB.

Según los autores del estudio, el aumento de la economía sumergida coincide con el fuerte crecimiento de la actividad económica oficial.

Así, en el período 1980-2008 el volumen de la economía oficial medida por el PIB se multiplicó, mientras que el de la sumergida se cuadriplicó, precisa el comunicado. Este aumento de la economía sumergida lo atribuyen en gran medida a motivos fiscales.

En este sentido, resaltan que entre 1980-2008 se elevó la presión fiscal lo que incentivó las actividades sumergidas, que en el 2000 supusieron una pérdida de recaudación fiscal de 31.000 millones de euros, el 5,6% del PIB oficial.

Con estas cifras, los expertos estiman que entre 1980 y 1984 trabajaron en la economía sumergida 1,4 millones de personas, que pasaron a más de 4 millones entre 2006 y 2008.

De acuerdo con el estudio no se puede caer en la "tentación" de considerar la economía sumergida como una parte consustancial de la actividad económica, ya que a largo plazo supone un "duro" lastre.

Este incremento de la economía sumergida en España contrasta con el plan del Gobierno contra el empleo sumergido, aprobado por decreto ley el pasado 29 de abril, que concede a los empresarios un plazo de tres meses, a partir de su entrada en vigor, para que regularicen de forma voluntaria a los trabajadores que no estén dados de alta.