CAA impone sanciones por valor de más de 2,7 millones de euros a un total de 32 operadores desde su puesta en marcha

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha impuesto multas por valor de más de 2,7 millones de euros a un total de 32 operadores televisivos desde su puesta en marcha en 2005, si bien, cabe recordar que este organismo no tuvo actividad sancionadora hasta tres años después, en 2008.
Emelina Fernández, presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía
Emelina Fernández, presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía
EUROPA PRESS/CAA/ARCHIVO
Emelina Fernández, presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía

Según datos del CAA a los que tuvo acceso Europa Press, el año que más sanciones impuso este organismo fue precisamente el de 2008, con un total de 14 multas a once televisiones por un valor de 1.545.030,3 euros. Más sanciones pero por menos valor fijó al año siguiente, cuando 18 operadores fueron condenados a pagar un total de 1.239.524,24 euros por cometer infracciones tipificadas como graves o muy graves en la Ley de Televisión Sin Fronteras, tales como emitir pornografía o anuncios de contactos sexuales en horario de protección infantil.

Por contra, la actividad sancionadora disminuyó considerablemente el pasado 2010, año en el que se registraron solo tres multas por valor de 11.500 euros. Desde el 1 de enero de 2011 hasta el 1 de mayo, el CAA ha abierto expedientes de información previa a siete operadores, pero aún no ha resuelto sancionar a ninguno de ellos. Esta evolución revela que, conforme las sanciones se han ido imponiendo y resolviendo, los teleoperadores han ido tomando conciencia no solo de sus derechos, sino también de sus "obligaciones y deberes", según señalaba recientemente en una entrevista con Europa Press la presidenta del Audiovisual, Emelina Fernández.

Las sanciones más altas impuestas en estos tres últimos años corresponden a faltas tipificadas como "muy graves" y que a siete televisiones de las que operan u operaban en Andalucía les han supuesto multas de 300.506,06 euros cada una. Se trata de los operadores 'Granada Mira TV, S.L.' (dos sanciones en 2008), 'Onda Giralda, S.A.' (una en 2008 y otra en 2009), 'Producciones Videográficas Andaluzas, S.L.' (una en 2008), 'Festiber Global 3.000, S.L' (2008), 'Marina Televisión 2.000, S.L.' (2009), 'Canal TVT Torredonjimeno, S.L.' (2009) y 'Huelva Comunicación Multimedia, S.L.U.', con también una sanción en 2009.

El resto de multas, de carácter grave, oscilan entre los 500 euros impuestos en 2008 al 'Canal 23, S.L.' y los 20.000 euros de 'Telesierra, S.L.', ambas por emitir anuncios o chats de contenido sexual o pornográfico, unos contenidos que el CAA dio prácticamente por "erradicados" a principios de este año 2011 cuando anunció que su próximo objetivo a lograr sería la eliminación de los programas de videncia y esoterismo en esta misma franja horaria protegida.

Potestad sancionadora avalada por los tribunales

Con todo, Emelina Fernández ya apuntó tras su toma de posesión que uno de los logros más importantes del CAA en esta materia había sido el de conseguir el aval de los tribunales. En este sentido, recordó a Europa Press que ya se ha publicado la primera sentencia que ha reconocido la potestad sancionadora del CAA y que ha obligado a un operador local de Córdoba a pagar la multa de 3.000 euros con la que el Consejo le sancionó por emitir chats de contactos sexuales en horario infantil. "Esto demuestra que al Consejo Audiovisual se le toma en serio. Los medios se irán acostumbrando" (a las sanciones), apostilló.

Sobre todo, insistió Fernández, porque los medios son un "instrumento importantísimo, valiosísimo y necesario para la convivencia en general y para la transmisión de valores en particular" y, por tanto, deben, también con sus propias actuaciones, "transmitir los valores y los derechos de la Constitución y del Estatuto a la sociedad como un valor en sí mismo, como un acto cívico".

Mientras este mensaje 'cala' en los teleoperadores, muchos de los sancionados por el CAA han optado por presentar recursos de reposición por lo contencioso-administrativo para intentar evitar las citadas multas.

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