El auto del Juzgado Mercantil número 3 de Madrid recuerda a Endesa que fue ella quien pidió la adopción de un aval bancario dentro de las medidas cautelares, lo que la vincula con esta forma de caución.

En su aclaración Endesa consideraba que el auto debía hacer mención a las restantes formas de constitución de garantías legalmente admisibles y preguntaba al juzgado si aceptaría como caución la pignoración de las líneas de crédito abiertas con distintas entidades financieras por el importe fijado en el auto.

En este sentido, el Juzgado responde a Endesa que, si considera la pignoración la forma idónea de presentar el aval, debió ofrecerla en su petición inicial para que Gas Natural e Iberdrola pudieran manifestar su parecer al respecto en la vista.

No obstante, Endesa podrá elegir una forma de caución que mejore la ofrecida inicialmente, por lo que no se pondrá ninguna objeción a la presentación de garantías en dinero efectivo por los mil millones de euros, ingresado en la cuenta de depósitos del Juzgado, señala el auto.

El Juzgado afirma que la aclaración solicitada por Endesa no tiene por objeto corregir errores materiales o aclarar conceptos oscuros, sino obtener por adelantado el pronunciamiento que debe realizarse en otro momento procesal, argumento que por sí mismo sería suficiente para rechazar la solicitud de la eléctrica.

En cuanto a la interrupción del plazo, que concluye el próximo viernes, el auto considera que por la mismas razones expuestas anteriormente -la forma de caución fue elegida voluntariamente por Endesa y la existencia de posibilidades de mejorar la ofrecida por el Juzgado- no deben interrumpirse los plazos procesales.

El Consejo de Administración de Endesa tiene previsto decidir el próximo viernes si presenta el aval de mil millones solicitado por la justicia para paralizar la opa.

Por otro lado, en otro auto el Juzgado Mercantil ha rechazado la petición presentada por Gas Natural para que la juez Miriam Iglesias se inhibiera por falta de competencia territorial.

Este último auto señala que, aunque Gas Natural e Iberdrola tienen su domicilio social fuera de Madrid (Barcelona y Bilbao, respectivamente), ambas tienen establecimientos abiertos en la capital y el litigio a que se refiere -el pacto firmado entre ambas- tendrá efectos en Madrid.

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