Si el Gobierno satisface las peticiones del PP madrileño, 600.000 nuevos votantes concurrirán a las urnas en las municipales de 2007.
Son los extranjeros que, empadronados en la comunidad, serán mayores de 18 años en esa fecha.
Tanto la presidenta regional, Esperanza Aguirre, como el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y su teniente de alcalde y posible sucesora Ana Botella andan tras esos votos, que serían válidos si el Ejecutivo concierta convenios bilaterales con sus países de origen.
360.000 en la capital
Esa enorme bolsa de sufragios podría alterar el mapa político de muchos ayuntamientos de la región.
El margen en otras localidades es aún más estrecho. En Alcalá de Henares, la alcaldía se decidió a favor del PP por 3.000 sufragios. Allí, por ejemplo, viven unos 18.000 rumanos.
Conocedores de este potencial, los líderes regionales del PP llevan meses lanzando cantos de sirena a las colonias de inmigrantes más numerosas.
Además de querer reconocerles el derecho de participación activo en los comicios, la Comunidad ha anunciado un plan de integración dotado con 4.400 millones de euros y la creación de siete casas regionales para las comunidades nacionales más nutridas.
La presidenta Aguirre ha creado la Consejería de Inmigración y visitó Rumanía recientemente.
El Ayuntamiento también hace gestos
El Ayuntamiento de Madrid tampoco le va a la zaga. Ana Botella viajó este mes a Ecuador, otro de los principales puntos de origen de los inmigrantes de la región, para inaugurar varias obras sociales.
El alcalde ratificó la semana pasada las peticiones del derecho de voto de Aguirre y otras anteriores de la propia Botella.
PSOE e IU también quieren que los inmigrantes de la región puedan votar y acusan al PP de electoralista.
Residencia legal y convenios
Los extranjeros que no son ciudadanos de países de la Unión Europea necesitan cumplir dos requisitos para votar en las municipales en España: tener residencia legal en España y que su país tenga suscrito un convenio de bilateralidad en este tema con el Estado español.
Aguirre y Gallardón piden que el Gobierno amplíe el cupo de naciones cuyos ciudadanos podrían ejercer ese derecho en nuestro país.
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