El presidente provincial del Partido Popular (PP) de Huesca y portavoz popular de Obras Públicas en las Cortes de Aragón, Antonio Torres, ha cuestionado la próxima apertura del tramo de la A-22, entre Lascellas-Ponzano, anunciada para el próximo día 20, teniendo en cuenta, ha indicado, que han transcurrido ocho años con las obras de las autovías "estancadas".

En rueda de prensa, Torres ha reclamado al secretario de Estado de Planificación del Ministerio de Fomento, el oscense Víctor Morlán, y a la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Eva Almunia, que informen sobre la seguridad del tramo.

"Teniendo en cuenta que en los últimos ocho años no se ha conseguido ni siquiera presentar el proyecto del tramo entre Huesca y Siétamo y que las obras en las autovías A-21 y de la A-23 están prácticamente paralizadas", Torres ha calificado de "electoralista" la apertura del tramo Lascellas-Ponzano, anunciado para Semana Santa, y ha exigido a Morlán y Almunia que garanticen que es seguro y que no se tendrá que volver a cerrar.

El líder popular se ha preguntado si "se han solucionado los problemas técnicos que han impedido abrir este tramo, si está el señor Morlán en condiciones de garantizar la seguridad de ese tramo, si la sima está arreglada o si se quiere hacer un apaño provisional de tintes electoralistas".

Además ha planteado si "la apertura es definitiva o si después de Semana Santa se volverá a cerrar por no estar acabados los trabajos", para señalar que "son preguntas que deseo que me respondiese Morlán y que se comprometiese con su respuesta".

Para Torres, el tema de las autovías es sólo una de los asuntos pendientes que quedan de esta legislatura en Huesca. Según el PP, el Alto Aragón, como consecuencia de la política socialista, tiene ahora los mismos problemas pendientes que en 2007 y 2003.

Entre ellos, ha citado la devolución de los bienes de arte sacro depositados en Lérida, el aeropuerto Huesca-Pirineos, el pantano de Biscarrués, la Travesía Central del Pirieno, la reapertura del Canfranc o el empuje a los sectores industrial, agrícola y turístico.

Asimismo, ha criticado la gestión y el hecho de que el Tribunal de Cuentas tenga trece contratos del Gobierno de Aragón, de dos años, con indicio de delitos según la Fiscalía, relativos a iniciativas primordiales como el Plan de Depuración o al proyecto del Hospital de Barbastro.