La Unión de Consumidores de Murcia (UCE) ha denunciado "la opacidad y la falta de transparencia de la CAM con los ciudadanos" sobre su futuro desde que sus tres socios en el SIP Banco Base -Cajastur, Caja Extremadura y Caja de Cantabria- rechazasen la fusión. Así, ha confirmado que "hay gente que está retirando el dinero y cerrando sus cuentas" porque la falta de información "genera ansiedad y esa ansiedad conduce al pánico, y no hay nada más miedoso y conservador que el dinero".

Así lo ha hecho saber el asesor de economía familiar de UCE Murcia, Antonio García Guerreo, acompañado de la secretaria general, Trinidad Almagro, y el asesor jurídico de la asociación, Miguel Pouget, en una rueda de prensa ofrecida para reclamar "transparencia a la CAM" y pedir "tranquilidad" a los clientes.

En concreto, García ha criticado la actuación de la CAM por "no dar información y no hablar con claridad a los ciudadanos desde hace 15 días, sin decir qué va a pasar con el dinero de los clientes, si van a intervenir la entidad, si la van a vender o qué va a pasar con ella".

"La CAM debe responder y debe hacerlo ya, porque, entre otras cosas, aquellos clientes que tienen cuotas participativas y han comprado capital social de la caja, están viendo que han perdido más del 25 por ciento de su valor en los últimos 15 días", ha añadido.

Si esta situación se dilata en el tiempo, García ha considerado que "lógicamente, la gente seguirá vendiendo sus participaciones, seguirá perdiendo dinero y es algo que los consumidores tenemos derecho a reclamar y a exigir que se nos trate en condiciones".

García ha precisado que de las 16.000 consultas recibidas por UCE en 2010, un 12 por ciento tuvieron que ver con entidades financieras, lo que refleja, a su parecer, "la situación de ansiedad del sector".

Consecuencias de la intervención

Por otra parte, UCE ha advertido que una posible intervención de Caja Mediterráneo (CAM) "implicaría tener que despedir a mucha gente, unos mil empleados aproximadamente", al tiempo que la entidad "desaparecería y sería absorbida por un banco, con lo que desaparecería gran parte de su obra social".

García ha señalado que "se habla del Banco Santander, BBVA e incluso la propia BBK, para una fusión con CAM". De no llevarse a efecto, ha advertido que "habría que intervenir la caja de ahorros, que es a lo que se está negando el Banco de España, agotando todos los recursos para evitarlo".

Si hubiese que intervenirla, García ha señalado que "se viviría una situación semejante a Caja Castilla-La Mancha (CCM) y Caja Sur, que no es buena para la entidad, que pierde muchas ventajas y desaparece como entidad consolidada muchos años".

Por ejemplo, ha dicho que la entidad como tal "desaparece y la absorbería un banco, cuya política, lógicamente, no es la misma que de una caja de ahorros, y deja de existir gran parte de la obra social, con los beneficios que conlleva y con el peso importante que tiene en la Comunidad Autónoma".

Además, ha criticado que este proceso de absorciones "va a desembocar en un panorama dominado por cinco o seis grupos bancarios que van a mediar en el tipo de precio que nos pongan en comisiones, tanto de activo como pasivo".

Entre las posibilidades que se barajan para el futuro de la caja, García ha aseverado que seguir solos "supone que los nacionalicen, lo que unido a los 2.800 millones de euros pedidos al FROB implicará que será para el Estado, que tendrá más del 60 por ciento del capital de la caja". En este sentido, ha transmitido al cliente que "si el Estado está detrás no va a haber problema".

De la misma forma, García ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que "hemos vivido ya dos intervenciones desde el comienzo de la crisis: la de CCM y la de Caja Sur, y hemos podido comprobar que los clientes siguen funcionando y que las entidades que las han absorbido siguen funcionando plenamente". PROPUESTAS

Para atajar esta situación Almagro ha propuesto, por un lado, la elaboración de un código de buenas prácticas de los servicios financieros, que se propondrá a las entidades financieras para su adhesión, en el que se establecen una serie de parámetros y de condiciones que las entidades deberán cumplir para garantizar al consumidor la actuación leal, transparente y competente de esa entidad.

El riesgo que UCE corre con esta propuesta, según Almagro, es que ninguna entidad se quiera adherir a este código de buenas prácticas, pero este hecho "sólo pondrá de manifiesto es la clase de sistema financiero que tenemos en España, y que es el que más responsabilidad tiene en la generación de esta crisis".

De la misma forma, ha instado a las autoridades competentes, ya sean judiciales, administrativas o de cualquier índole, para que "adopten las medidas necesarias de fiscalización y vigilancia respecto a las actuaciones de las entidades financieras y, en su caso, se depuren responsabilidades si se considera que las ha habido".

Así, ha pedido que "si alguien ha sido responsable de esta situación no se vaya de rositas y los consumidores tengan una cierta garantía de que no se han hecho las cosas en balde".

García ha reconocido no tener datos exactos del número de clientes de CAM en Murcia, aunque ha estimado que "es un elevado número" contando con que tienen más de 180 oficinas en la Comunidad Autónoma y que es resultado de la fusión de varias cajas murcianas y alicantinas.

No obstante, ha recordado que el cliente de cualquier entidad financiera en problemas "tiene garantizado hasta 100.000 euros del Fondo de Garantía de Depósitos que reembolsaría el Estado".

Almagro ha señalado que la Oficina Jurídica "está abierta para atender a los ciudadanos de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, así como a través del correo electrónico y de las vías de comunicación habituales.