El comité de empresa del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, ha encomendado a los abogados de las uniones provinciales de CCOO y UGT la reclamación, por vía judicial, del documento correspondiente al plan de viabilidad que habría pergeñado la Dirección General de la lonja, encabezada por Juan Carlos Recio, para devolver el equilibrio financiero a esta sociedad mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Y es que los representantes de los trabajadores temen que dicho plan contemple la privatización o externalización de los servicios actualmente prestados por el mercado central.
El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que el pasado 6 de abril el máximo órgano sindical de la compañía acordó emprender acciones judiciales al objeto de tener acceso a la documentación oficial relativa a este "plan de viabilidad" que los representantes de los trabajadores ya han reclamado al presidente de la sociedad mixta, el concejal socialista Alfonso Mir. Mercasevilla, como es sabido, ha cerrado el ejercicio 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros, toda vez que la Dirección General de la lonja ha sido facultada por la comisión ejecutiva para "llevar a cabo las medidas oportunas para evitar una situación de insolvencia".
Porque además de sus pérdidas, la sociedad mixta afronta un pasivo de 9.046.976,95 euros como consecuencia del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, al que se adhirieron 40 empleados cuyas prejubilaciones han quedado paralizadas al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento pese a las alusiones que la documentación del ERE contiene señalando a este departamento como principal fuente de fondos.
El ere de 2007
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por Mercasevilla, como es sabido, figura entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a las irregularidades detectadas en la anterior gestión de la lonja a manos de los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados en las diferentes líneas de investigación promovidas por la juez Mercedes Alaya, que de hecho indaga las prejubilaciones fraudulentas introducidas en este procedimiento y en el ERE de 2003.
Aunque los sindicatos temen una posible externalización de servicios dentro de las medidas contempladas en el mencionado plan de viabilidad, Alfonso Mir tranquilizaba recientemente al comité de empresa señalando que el deseo del Consistorio "no es privatizar", según había dicho a Europa Press Rafael Domínguez tras el encuentro celebrado entre el presidente de la lonja y el comité de empresa. No obstante, el comité de empresa ha acordado no consumar negociaciones concretas con la dirección de la compañía hasta haber tenido acceso a la documentación relativa a este plan.
De cualquier modo, el presidente del comité de empresa ha anunciado que dicha documentación será reclamada por la vía judicial, para lo cual el primer paso sería denunciar ante la Inspección de Trabajo los infructuosos intentos protagonizados por los representantes de los trabajadores para acceder a estos documentos.
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