La Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral (Prolitoral) ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia al "denegarle" el Gobierno regional el acceso al expediente por el que se autorizó un aval de 200 millones de euros a Aeromur, la empresa concesionaria del aeropuerto de Corvera, para "poder completar las obras y en un futuro acceder a la explotación de las misma".

En rueda de prensa, el presidente de Prolitoral, Martín Rodríguez, ha recordado que es un derecho "de obligado cumplimiento"; razón por la que ha optado por recurrir a la vía judicial al objeto de poder conocer información sobre dicho aval, que autorizó Bruselas, y analizar su contenido.

Según ha declarado, las consejerías competentes "nos han negado el acceso al expediente y a las condiciones por las que el Gobierno regional consiguió una decisión favorable de Bruselas". "No sabemos por qué y con qué informes el Gobierno murciano lo consiguió, pero tenemos dudas de que las razones sean lo suficientemente sólidas y verídicas para que esa decisión se tramitara como favorable", ha manifestado Rodríguez.

Este aval, ha recordado, fue fruto de que la concesionaria, que en un primer momento se había decidido que "se haría cargo de la construcción y de la explotación con sus propios recursos, no tuvo posibilidad de conseguir el crédito que había solicitado, ya que las obras quedaron prácticamente paralizadas".

De ahí que la entidad contratante de esta infraestructura, el Gobierno regional, "propuso un aval de un crédito de 200 millones para poder completar esas obras y en un futuro acceder a la explotación de las mismas".

Sin embargo, desde Prolitoral, el sociólogo Miguel Poveda ha alertado que este aval que le fue concedido a Aeromur "es un dinero que la Comunidad tendrá que abonar en el caso de que la concesionaria no se haga cargo del funcionamiento del aeropuerto".

En su opinión, "es extraño que siendo Caja Mediterráneo (CAM) y Cajamurcia miembros de Aeromur se solicite dicho aval", del que ha denunciado públicamente que "se desconozca todo: las condiciones en las que se ha dado, sus peculiaridades, qué papel han jugado las entidades financieras en el aval, cuáles son los avalistas y si fueron aprobados en los consejos de administración de las respectivas empresas que conforman Aeromur".

La cuestión principal, ha enfatizado Poveda, es "quién va a pagar esos 200 millones si no hay nadie que quiera gestionarlo", poniendo como ejemplo los casos de Huesca, Castellón y Ciudad Real; "un antecedente extremadamente peligrosos que nos pone en alerta acerca de la posibilidad de que no se cumple el pacto".

Y es que, ha advertido, la Comunidad "se verá abocada a una 'multa' de 200 millones de euros" en este caso, al estar el funcionamiento de dicha infraestructura "en el aire".