El magistrado instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de los recursos presentados por el PP y el ex tesorero nacional del partido Luis Bárcenas contra el auto en el que acordó la inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la parte que implica al presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (PP).

Pedreira dictó el pasado mes de noviembre un auto en el que pedía al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León asumir esta parte de la investigación por su vinculación a la supuesta adjudicación irregular de la construcción de un tramo de la variante de Olleros de Alba (León).

En esta pieza separada están implicados Luis Bárcenas y el ex diputado Jesús Merino por supuestamente percibir comisiones por la adjudicación irregular de la citada Variante de Olleros.

En una providencia emitida ayer mismo, el magistrado da traslado a las partes para que se pronuncien sobre estos recursos. La impugnación del abogado del PP se presentó el pasado 21 de marzo, pero el deposito de la consignación para la interposición del recurso se hizo efectiva ayer, al igual que la del recurso de Bárcenas.

En su recurso, el letrado del PP alega falta de competencia del instructor para acordar la inhibición. Además, arguye que la decisión del juez supondría la ruptura de la contingencia de la causa.

En su auto, Pedreira citaba tres informes de la Unidad de Delincuencia Económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en relación al pago de "una comisión vinculada a la adjudicación del 'proyecto de construcción de la Variante de Olleros de Alba', carretera cC-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, Trama de Olleros de Alba del punto kilométrico 4,100-8,600' a la mercantil Teconsa", una de las empresas investigadas en la trama corrupta.

El informe de la UDEF apuntaba a que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3 por ciento del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín.

Según recoge el documento judicial, la unidad de auxilio judicial de la IGAE ha concluido tras el examen del citado expediente que en su tramitación se ha incurrido en diversas irregularidades, "vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".

Asimismo, destaca que la orden de inicio de este expediente es del entonces consejero de Fomento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, quien fue también la persona que lo adjudica el 29 de noviembre de 2002.

Cohecho y prevaricación

En la argumentación jurídica, el magistrado esgrime que los hechos relativos a la adjudicación irregular, la percepción de cantidades por ello y su reparto, sin perjuicio de ulterior calificación, podrían ser constitutivos de delito de cohecho sancionado en el artículo 419 del Código Penal y de delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

El juez precisa que el cobro de la comisión se extrae de la documentación intervenida en el domicilio de José Luis Izquierdo, el considerado contable de la trama corrupta liderada por Francisco Correa. En su domicilio se halló una carpeta de color azul que contenía documentos relacionados con esta adjudicación.

Entre los documentos figura un fax de la Consejería de Castilla y León remitiendo la adjudicación definitiva de la obra de la variante de Olleros en el que de forma manuscrita se calcula aproximadamente el 3 por ciento de la adjudicación sin IVA (73.650).

Hay otro papel manuscrito en el que se anota, entre otros apuntes, la cantidad de 72.000 euros, reflejando que "1.650 euros de diferencia" se entregan a PC. Otro de los papeles correlaciona un sobre de 24.000 euros con las siglas T.O. que se habrían retirado de los 72.000 euros iniciales.

El juez apunta a que la correlación entre las siglas T.O. y José Manuel Fernández Santiago se expone detalladamente en un informe de la UDEF. Así, se relaciona las siglas T.O. con Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago.

Asimismo, recalca que queda por determinar qué otras personas pudieron percibir comisiones por la adjudicación irregular de la citada Variante de Olleros, quienes se ocultan tras las iniciales P.C., L., G. y J.

Respecto a las primeras iniciales, se vinculan a Francisco Correa Sánchez y la L. al ex tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas. Añade que la inicial G. corresponde, al igual que las iniciales G.G., a Gerardo Galeote Quecedo, mientras que la J. al ex diputado del PP Jesús Merino.