Los afectados cántabros por sentencias de derribo han valorado la reforma de la Ley del Suelo de Cantabria que garantiza el cobro de las indemnizaciones antes de que se ejecute la demolición de sus viviendas.

Consideran que se trata de "un paso fundamental" en la solución de su problema, por lo que pedirán que la modificación de la norma cántabra se extrapole al resto del país, a través de una adaptación de la ley para la aprobación de "algo similar" en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha anunciado este lunes, 21 de marzo, Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), el colectivo que engloba a los afectados por sentencias de derribo.

En declaraciones a los periodistas realizadas al término del Pleno del Parlamento en el que se ha aprobado la modificación de la norma, Vilela ha considerado que se ha dado "un paso fundamental" en la solución de este problema.

Después de destacar que la reforma se ha aprobado por unanimidad (cuenta con el apoyo de los tres grupos parlamentarios: PP, PRC y PSOE), el portavoz de los afectados confía en que esta modificación se la última que hay que acometer para "acabar con el sufrimiento" de muchas familias que atraviesan una situación "injusta".

Vilela, que está "orgulloso" del trabajo desarrollado por la Cámara y por los propios afectados que han defendido sus "derechos", ha confesado sin embargo la preocupación por algunas "lagunas" que contempla la norma.

Entre ellas, ha citado el "peloteo" que puede darse entre gobierno y ayuntamientos a la hora de determinar qué administración es responsable de la sentencia de derribo y que puede hacer que "pase el tiempo" antes de que se resuelva su situación.