La Fiscalía de Baleares ha incoado diligencias de investigación penal dirigidas a averiguar si las bajas masivas registradas entre este viernes y este sábado en los aeropuertos de Palma, Maó e Ibiza fuesen constitutivas de un delito de sedición, previsto y penado en el artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.

Así lo ha informado en un comunicado el Fiscal Superior, Bartomeu Barceló, quien ha explicado que con la apertura de estas pesquisas, al igual que ha hecho el Ministerio Público en Cataluña y Madrid, se ha oficiado a la Guardia Civil para que investigue los hechos e identifique a las personas responsables de los mismos.

Asimismo, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, también se ha oficiado al Instituto Armado para que dé cuenta de los hechos relacionados con ello y que pudieran ser constitutivos de infracción penal, ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto a la autoridad militar competente.

Según la normativa, serán castigados con pena de prisión los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el Comandante o Jefe respectivo.