El portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts, Rafael Blasco, ha afirmado este domingo que desde su grupo y el Partido Popular "respetamos la presunción de inocencia y las decisiones de la justicia, pero de igual forma exigimos al socialista Ángel Luna que dé las explicaciones que durante tanto tiempo ha negado".

Blasco se ha expresado en estos términos en un comunicado ante la citación al portavoz socialista en las Corts, que debe acudir este lunes a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "en calidad de imputado por una reforma doméstica en la que medió un empresario, el mismo al que Luna, en su etapa de alcalde de Alicante, adjudicó contratos por más de 1.200 millones de pesetas".

El portavoz 'popular' ha señalado que "la mejor forma de que Luna aclare todos los interrogantes que pesan sobre este caso sería que enseñara las facturas de la obra y así sabríamos si se benefició de la relación con el empresario o está todo claro".

El síndic del PP ha remarcado las "diferencias" que, a su juicio, existen entre los 'populares' y socialistas ante los casos judiciales. En ese sentido, ha señalado que los 'populares' "bajo ningún concepto vamos a alentar juicios paralelos con el fin de intentar crear ante la opinión pública la imagen de que es culpable".

"Somos firmes defensores de la Justicia, de la igualdad de derechos, de una defensa justa, y de las garantías que se le reconocen a todo imputado, porque estas son las reglas que ha de respetar todo demócrata, cosa que ni Luna ni otros dirigentes socialistas han hecho", ha subrayado.

Rafael Blasco ha criticado que durante más de año y medio tanto Luna como el líder del PSPV, Jorge Alarte, han equiparado la condición de imputado a la de condenado, "y parece que es ahora, cuando les ha tocado de cerca, cuando se han dado cuenta de que no es así".

En ese sentido, ha manifestado que el portavoz socialista "se ha intentado erigir en juez y parte, intentando suplantar a los tribunales y pervirtiendo lo que es otro principio básico de la democracia: la separación de poderes".

"Luna ha intentado convertir el Hemiciclo del parlamento valenciano en el estrado de un tribunal inquisitorial mostrando informes adquiridos de forma ilícita —una cuestión de la que tampoco ha dado explicaciones hasta la fecha— y lanzando acusaciones sin respetar lo más mínimo los derechos a la presunción de inocencia y a la defensa. No ha sabido estar a la altura", ha manifestado.

El portavoz parlamentario ha indicado que el Partido Popular "es defensor a ultranza de todo lo que supone el artículo 24 de la Constitución, que establece una serie de garantías como la tutela judicial efectiva, la defensa, la presunción de inocencia o un proceso justo con todas las garantías". "Se trata de derechos fundamentales que no solo respetamos, sino de los que somos fervientes defensores, y no podemos decir lo mismo de algunos dirigentes socialistas como el propio Luna", ha subrayado.

"no vamos a hacer un uso torticero"

Blasco ha indicado que "hay elementos en todo este proceso, como que Luna declare por la tarde, algo inusual, o el hecho de que el magistrado del caso compartiera funciones de Gobierno con Luna, que nos hace tener ciertas reservas sobre cómo se ha funcionado en el asunto desde algunas instancias". No obstante, ha manifestado que los 'populares' "seguiremos firmes en nuestra absoluta confianza en la justicia y bajo ningún concepto vamos a hacer un uso torticero como sí hacen los socialistas".

El síndic ha remarcado que los 'populares' han obrado en este caso "con absoluta responsabilidad al detectar irregularidades que entendemos que merecen una explicación sin más dilación por parte de Luna". Asimismo, y respecto a las declaraciones de Luna de que el caso es de hace 13 años y podría haber prescrito, Blasco ha señalado que la prescripción "no significa una absolución o que no se cometieran irregularidades y, desde luego, no exime de asumir responsabilidades políticas".

Por último, Blasco ha hecho un llamamiento para que la declaración de Luna "discurra con absoluta normalidad y tranquilidad" y ha señalado que hay un "clamor social" que exige "decisiones judiciales, además de las políticas, que se deben dilucidar por otra parte, pero en cualquiera de los casos estamos absolutamente en contra de que se monte ningún circo o espectáculo".