El PSOE de Valladolid ha presentado un total de 39 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León (PGC) para 2011 por un valor de 14,5 millones de euros y ha recordado que en el último Pleno de la Diputación de Valladolid el Grupo Popular apoyó una moción para pedir más inversiones en la provincia tanto al Gobierno como a la Junta y que, en lo referente a esta Administración, se incluían proyectos que figuran en las enmiendas.

Por este motivo, tanto el secretario de Organización del PSOE provincial, Juan José Zancada, como los procuradores por Valladolid María Blanco y Pascual Fernández han recalcado que esperan el apoyo del Grupo Parlamentario Popular "al menos para" los proyectos referidos en la proposición.

Entre ellos se incluye la dotación de estaciones depuradoras en municipios de la provincia, el desdoblamiento de carreteras como la Valladolid-Santovenia-Cabezón de Pisuerga, Valladolid-Puente Duero y Valladolid-Renedo, la inclusión de una partida para un programa de rehabilitación y recuperación de Bienes de Interés Cultural y la construcción de un Palacio de Congresos en Valladolid.

Sobre este proyecto Juan José Zancada ha incidido en que le "sorprende" que el PP de Valladolid y el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, "hablen tanto del proyecto" cuando la Junta "ni siquiera lo haya plasmado" en el presupuesto regional. "Son charlatanes pero no son coherentes", ha lamentado el también portavoz del PSOE en la Diputación.

De esta manera, piden la inclusión de una partida de 750.000 euros en 2011 para iniciar el proyecto, aunque no se ha pronunciado sobre si apoya la participación del Gobierno de España en la inversión. Así, ha recordado que en el Palacio Lienzo Norte de Ávila la Junta de Castilla y León aportó el 100 por ciento del presupuesto, por lo que considera que en Valladolid podría ser así.

No obstante, el procurador Pascual Fernández ha apuntado que "para saber si el Gobierno compromete su aportación" considera que el proyecto tendría que estar "más definido". Cabe recordar que en el Palacio de Congresos de León la inversión se reparte con el 40 por ciento por parte de la Junta y el Estado y el 20 por ciento del Ayuntamiento.

El secretario de Organización socialista ha recordado que el proyecto presupuestario "defraudó" a los vallisoletanos por tratarse de un "cortapega de proyectos no ejecutados" en ejercicios anteriores. Por ello, Fernández ha explicado que el PSOE apuesta en sus enmiendas por "mejorar las políticas sociales y los mecanismos de empleo activo y reforzar la inversión pública".

María Blanco ha explicado otras de las enmiendas, como las destinadas a los centros de Salud de Esguevillas y de La Magdalena, en Valladolid, o los cuatro millones de euros que pretenden conseguir para iniciar los trabajos de las 22 zonas de concentración parcelaria pendientes, según los socialistas,

Por otro lado ha recalcado que algunas de las enmiendas ya se han debatido en comisiones sectoriales en las Cortes y que, por ello, el Grupo prestará atención a materias como la pista polideportiva del Instituto Juana de Castilla, en Tordesillas (Valladolid), ya que en una de dichas sesiones obtuvo el apoyo del PP.

Política social

El representante socialista ha añadido que esperan un cambio para no "eliminar vías de apoyo" como las ayudas directas de la Consejería de Familia, que según el PSOE de Castilla y León deberían al menos mantenerse para los solicitantes que no tengan obligación de presentar la declaración del Impuesto de la Renta.

También en términos regionales ha recordado Fernández que el PSOE plantea un sistema de mediación entre las familias y las entidades financieras dirigido a evitar que los ciudadanos que no puedan pagar las hipotecas "sean desalojados o pierdan la vivienda". Asimismo reclaman la inclusión de fondos para la "desaparecida" agenda de población.

En cuanto a la inversión, las enmiendas socialistas valoradas en 14.584.923 euros plantean su incremento reduciendo el gasto corriente y, principalmente una disminución del 20 por ciento de los altos cargos y de libre designación, así como una definición de partidas que, a juicio de Pascual Fernández, están "sin definir".