El PSIB ha asegurado este lunes que un artículo del Proyecto de Presupuestos de la comunidad abre la posibilidad a que el Govern pueda contratar "a medida", así como a que adecue proyectos de obra y servicios.

El portavoz adjunto de los socialistas en el Parlament, Vicenç Thomàs, ha explicado que el artículo 21 del Proyecto de Presupuestos públicos establece que excepcionalmente se pueden formalizar contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras y servicios.

Por ello, ha considerado que "el PP parece que quiere obviar el capítulo para contratar de la bolsa de interinos" y "contratar a dedo laborales para sitios que ocupan funcionarios" y ha revelado que su grupo ha presentado tres enmiendas a este artículo -una de supresión y dos de modificación-.

Según los socialistas, esta redacción permite que la contratación se haga "sin escoger a la persona de la bolsa de interinos, que es de donde se tiene que priorizar la contratación de vacantes" y que, por tanto, el Govern "intente eludir procedimientos reglados".

Thomàs, quien ha señalado que en el pleno de este martes formularán una pregunta sobre esta materia, ha recordado el caso Mapau que se juzga este lunes, así como el hecho de que el actual Ejecutivo balear haya recortado en 5.208 trabajadores públicos.

Interpelación sobre reforma local

Por otro lado, el parlamentario del PSIB Cosme Bonet ha señalado que en el pleno interpelarán al Govern sobre la reforma local prevista por el Gobierno central "con la excusa de evitar duplicidades". Ésta ha considerado que perjudicará a los ciudadanos porque "podrían perder muchos servicios" que actualmente prestan sus municipios.

Bonet ha recordado que la normativa afectará a las localidades menores de 20.000 habitantes, que son el 80 por ciento de las de las islas, al "vaciarlas de competencias" como recogida de residuos o abastecimiento de agua potable. Según ha explicado, estas competencias pasarán a ser coordinadas por los Consells, que decidirán como se prestan, ya sea de forma directa, compartida o mediante otras fórmulas.

Asimismo, ha advertido que mientras esta ley obligará a las autonomías a asumir competencias en salud y educación en cinco años, en servicios sociales lo hará en el plazo de un año, lo que, ha opinado, supondrá la privatización o desaparición de estos servicios.

Por otro lado, ha considerado que los derechos de participación ciudadana se ven perjudicados con la nueva normativa porque "se alejan las decisiones de los ciudadanos" al reducir las competencias de los consistorios y ha criticado que el Govern de Bauzá no haya defendido el papel de los Consells Insulars, cuando el texto los equipara a las diputaciones provinciales.