La Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía ha inspeccionado a los veinte bancos denunciados por Facua-Consumidores en Acción por las cláusulas suelo de sus hipotecas, según ha informado la asociación de consumidores en una nota.

El Servicio de Consumo de Sevilla contestó a Facua Andalucía que "detectadas presuntas irregularidades en los hechos denunciados, se procede a la realización de las actuaciones legalmente establecidas" ante una de las primeras denuncias presentadas.

Con posterioridad, la Jefatura de Servicio de Inspección de la Secretaría General de Consumo ha comunicado a la organización que da traslado de las denuncias "por razones de competencia" al Servicio de Consumo de Almería.

Facua destaca que Andalucía "es una de las primeras comunidades que inicia inspecciones a los bancos por la aplicación de estas cláusulas abusivas como consecuencia de las denuncias presentadas por Facua los meses de marzo y abril a las 17 autoridades autonómicas competentes en protección al consumidor".

Ahora, las autoridades andaluzas de Consumo están inspeccionando y analizando los casos denunciados por Facua, en los que incluye como documentación decenas de contratos con estas cláusulas aportados por socios de la organización.

Facua ha recordado que la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, establece un régimen sancionador que en los casos de las infracciones muy graves puede alcanzar "el comiso del beneficio obtenido con la infracción" (artículo 78) y, "con carácter excepcional", el "cierre" temporal de los establecimientos o "la suspensión del servicio o de la actividad en la que se cometiera la infracción" por un plazo de hasta un año. "El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos", establece la norma.

Ante esta situación, Facua solicita a las comunidades autónomas que insten a la cesación de la cláusula suelo y la devolución del dinero.

Así, en sus denuncias, Facua reclama a las comunidades autónomas la aplicación de multas proporcionales a los miles de millones de euros obtenidos por la banca con "uno de los mayores fraudes financieros que se han producido en España".

Asimismo, les solicita que en el ejercicio de sus competencias, insten a los bancos al cese de las aplicación de estas cláusulas abusivas y a la devolución de las cantidades cobradas irregularmente a los usuarios.

Competencia de las autoridades de consumo

Facua ha argumentado la "ilegalidad" de las cláusulas suelo y las competencias de las autoridades de consumo para intervenir en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Trlgdcu) aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, las leyes y estatutos autonómicos de protección al consumidor y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Facua recuerda que la directiva europea establece en su artículo 7 que los estados miembros deben velar por que las organizaciones que tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores puedan acudir a los órganos administrativos competentes "con el fin de que estos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación".