El grupo parlamentario del PP en las Corts ha rechazado una proposición no de ley (PNL) para permitir que las personas afectadas por adopciones irregulares puedan acceder a la información de los registros de las instituciones religiosas, que ha presentado el grupo parlamentario de EUPV, y que ha recibido el voto a favor de todos los grupos de la oposición durante la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat.

El diputado de EUPV Ignacio Blanco ha justificado la presentación de esta proposición con el objetivo de "dar solución a un grave problema" a las personas que sufrieron secuestros y robos de bebés durante 1940 y 1990. Blanco ha destacado que durante esos años muchas personas fueron víctimas de adopciones "irregulares y de alejamiento forzado de su familias".

"Personas que fueron engañadas porque les dijeron que los bebés habían muerto", ha continuado, una práctica que ha calificado de "terrible". Blanco ha criticado que la resolución que aprobaron las Corts en marzo sobre esta materia es "muy laxa y poco concreta". Además ha destacado que ha habido una "actuación histórica" de determinados estamentos o auspicios de la Iglesia católica y de entidades religiosas "vinculadas al respecto" de los bebés robados.

El diputado considera que el problema que es que cuando las personas buscan sus raíces se encuentran con la "opacidad" de estas instituciones, la "mayoría religiosas", que no les permiten acceder a los registros. "En algunos casos esos registros se han falsificado o destruido. La gente tiene derecho a saber quién es y dónde están sus padres o sus hijos", ha solicitado.

En esta línea, ha puesto como ejemplo el caso de la Casa Cuna de Valencia "a la que le han presentado una demanda para que la jusiticia obligue a presentar esa información" y desde la institución "se niegan". Con esta PNL, Blanco cree que "a través de una reforma de la legislación se les puede permitir acceder a esos registros para encontrar a sus familiares". "Podría solucionar un problema tan grave como es el crimen de lesa humanidad", ha agregado.

Rechazo por parte del pp

La diputada del PP en la comisión María Fernanda Vidal ha coincidido en que "este drama tiene que resolverse cuanto antes mejor". Sin embargo, ha manifestado que su grupo votaría en contra de la proposición porque "en este momento se están poniendo todos los mecanismos desde el Ministerio de Justicia para que se solucione lo antes posible".

Vidal cree que "sería contraproducente" tener 17 comisiones en España investigando esta materia, "cuando en el Ministerio de Sanidad ya la ha creado". "No estamos en contra del sentido, sí de que se hagan 17 comisiones, es más operativo un estudio a nivel nacional que es lo que se está haciendo", ha agregado.

La diputada 'popular' es consciente de que es un tema que requiere de "sensibilidad". "Esta causa hay que hacerla nuestra y de todos, pero también hay que respetar el trabajo de los jueces y del ministerio fiscal, que son competentes para averiguar el delito", ha señalado. En esta línea ha recordado que el Ministerio de Justicia "se lo ha marcado como una prioridad absoluta".

Además ha recordado que el pasado 10 de octubre de 2012 el Ministerio de Justicia anunció la creación de un servicio de información que permitirá a los afectados por el robo de niños, el acceso a la información que esté en posesión de las administraciones públicas. "Un servicio que se pondrá en marcha en diciembre", ha indicado. Además el Instituto Nacional de Toxicología validará gratuitamente las muestras presentadas y creará una base de datos.

"más constitución y menos catecismo"

La diputada de Compromís Mónica Oltra ha pedido al PP que aplique "más Constitución y menos catecismo" porque considera que la Iglesia católica y diversas instituciones hacen "mucho daño y no cumplen con la legalidad vigente". "Ya pedimos que la Casa Cuna cumpliera con la legalidad y facilitara la información", ha recordado.

Oltra considera que el problema es que "determinadas instituciones vinculadas a la trama no quieren que se sepa nada sobre el robo de vidas y de identidades". Y al mismo tiempo ha resaltado que "todo el mundo tiene derecho a buscar sus raíces biológicas si es descendiente, la novedad es que ahora puedan ser los padres y madres los que puedan solicitar información sobre sus hijos".

Debido a que las instituciones de la Iglesia católica "niegan la información, incumplen la legalidad con impunidad". Por este motivo, "tendrán que ser los juzgados lo que pongan las cosas en su sitio de una situación que no ha sido deseada por nadie", ha dicho.

Por su parte, la diputada del PSPV Modesta Salazar cree que el problema de los niños robados "debe sonrojar a cualquier ciudadano". El pasado 7 de marzo se aprobó la propuesta de todos los grupos para facilitar los trámites para encontrar a sus hijos, "nada más lejos de la realidad", ha matizado. "Hay que crear una legislación que obligue a las instituticones a facilitar la información para quitar la imagen de España", ha solicitado porque en la Comunitat hay "más de 3.000 personas en esta situación".

Salazar ha criticado que las víctimas de los bebés robados tengan que acudir a un laboratorio privado para hacerse las pruebas, cuando el PSPV ha propuesto que éstas las haga el Instituto Nacional de Toxicología. La representante socialista cree que en este tema "se está involucionando porque hay más interés por parte del PP nacional y de la Comunitat en cerrar, ocultar y esconder que en poner luz". La diputada considera que con esto "hacen un flaco favor, quizás porque haya gente poderosa con dinero que no quieren que se sepa el pasado".