La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha suscrito esta mañana en Valladolid el Pacto sobre Derechos de Representación Sindical con miembros de las organizaciones que forman parte de la Mesa General de Empleados Públicos, que son CSI-F, UGT, CCOO y la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES).

Con ello se adelanta a mañana la reducción del 31% de los liberados sindicales en la Junta de Castilla y León, que inicialmente se iba a efectuar en dos años. La medida permite que la Administración autonómica ahorre 13,6 millones anuales.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el contenido del acuerdo como trámite previo a su firma en el día de hoy, lo que hace posible su inmediata entrada en vigor. Era necesario suscribirlo después de que el pasado verano el Gobierno de España derogara todos los convenios en materia de representación sindical -entre ellos el que existía en Castilla y León desde 2006- mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Esta normativa estatal estableció límites a las liberaciones sindicales en las administraciones públicas, mandato que la Consejería de Hacienda había cumplido anticipadamente en febrero, cuando acordó con los representantes de los trabajadores una rebaja del 31% que se llevaría a cabo entre 2012 y 2013. En concreto, el número de liberados en la Junta debía pasar de 950 a 658 en dos fases: el 40% menos este año y el 60% restante el que viene.

El documento suscrito esta mañana introduce como novedad que anticipa la reducción de los liberados al 1 de diciembre de 2012. Así será en todos los ámbitos de la Administración autonómica salvo en el caso del personal docente, que tendrá de plazo hasta el 31 de julio de 2013 para hacerla coincidir con la finalización del curso escolar.

Junto a esto, el nuevo Pacto sobre Derechos de Representación Sindical elimina la cláusula de reversión ligada al crecimiento de la economía que recogía el acuerdo anterior. Esta disposición determinaba que se retornaría a la situación inicial de liberaciones sindicales si el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad superaba el 2,5% durante dos trimestres consecutivos.

La representación de los empleados públicos está regulada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y, en lo declarado vigente, por la Ley de Órganos de Representación, de Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Castilla y León, además, dispone de un acuerdo específico que se firmó por primera vez en 2006, fue modificado en febrero de 2012 y ha sido sustituido por otro en virtud del acto celebrado hoy.

Vigente hasta el 31

De diciembre de 2015

El pacto, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015, tiene como firmantes a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo; el presidente autonómico de CSI-F, Nicanor García; la secretaria general de FETE-UGT, María Victoria Soto; el secretario de Organización de FSP-UGT, Alejandro Muñoz; Juana Olmeda, por delegación del secretario general de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO Castilla y León, Luis Fernández; el secretario de Organización de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios del mismo sindicato, Pablo Vicente; la secretaria de Organización de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León, Elena Fernández; la presidenta regional de ANPE-FSES, Pilar Gredilla, y la secretaria general autonómica de SATSE-FSES, Silvia Sáez.

Conviene recordar, por último, que aunque el documento ha sido apoyado por CSI-F, UGT, CCOO y FSES, en su calidad de miembros de la Mesa General de Empleados Públicos, contempla la posibilidad de que puedan adherirse a él otras centrales sindicales siempre y cuando lo hagan durante el primer año