El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha confiado este jueves en que "reine la cordura" y finalmente no haya huelga de jueces en enero, después de que así lo hayan advertido las siete asociaciones de jueces y fiscales si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue adelante con su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé, entre otros cambios, la práctica desaparición de los jueces sustitutos, una reducción de sus días de permiso y la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar el 'Congreso Internacional sobre tutela jurídica del consumidor' que se celebra en la Facultad de Derecho de Granada, Del Río ha reconocido que la judicatura está "preocupada" por la demora en la reforma de la administración de justicia, ya que "no conocemos el modelo al que caminamos ni qué tiempo vamos a necesitar para estos cambios", es decir el "diseño" y las "líneas básicas" de los cambios estructurales y organizativos necesarios en el sector, relacionados con la planta de jueces o la oficina judicial.

En lo que respecta a las tasas judiciales, el presidente del Alto Tribunal andaluz ha preferido no pronunciarse en tanto que este mismo jueves está previsto que lo haga el CGPJ, aunque ha dicho que la "opinión general" es que "pueden ser introducidas siempre que sean razonables y nunca impidan el derecho de acceso a la justicia". Asimismo, ha recordado que este miércoles Gallardón ya anunció que como se modifica la ley de asistencia jurídica gratuita, los supuestos incluidos en ellas —como las víctimas de violencia de género— estarán exentos de esos pagos.

De todas formas, según ha dicho, las tasas "son humo" si se comparan con los "grandes problemas de la justicia". "La eclosión que se está produciendo es que el sistema de justicia necesita ya de una vez por todas saber cuáles son las líneas estratégicas esenciales de cambio", ha sostenido Del Río, para quien lo que más preocupa a los jueces es qué va a ocurrir con la planta judicial, con la modernización organizativa, si va a haber o no tribunales de instancia, o qué pasará con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, ha llamado a hacer una "reflexión" sobre el uso de la justicia que se hace en España, con más litigiosidad que otros países con una mayor población, apostando por el "uso racional del proceso". "La justicia es un servicio público, caro, y tenemos que acostumbrarnos al uso racional", ha dicho el presidente del TSJA, que ha abogado en ese sentido por el uso de la mediación, y sistemas alternativos complementarios "mucho más baratos".

Se ha referido a la tutela del consumidor y ha recordado que el artículo 51 de la Constitución establece que "los poderes públicos deben de proteger los intereses patrimoniales y económicos de los consumidores", y conseguir por unos medios "rápidos y ágiles" solución a la controversia y las disputas. Para ello existen juntas arbitrales, y consejos de consumo, además de muchos tipos penales, pero lo cierto es que "muchas veces el consumidor no está bien protegido". Para ello, mantiene el presidente del TSJA, sería necesaria esa mediación, que "debe ser a la justicia lo que la diplomacia a la política internacional".

"La mediación debería ser el medio natural y primero de solucionar ciertos conflictos que no afectan a grandes intereses pero que sí tienen una gran repercusión entre los ciudadanos, sin perjuicio de que se pueda acudir a los tribunales o a los tipos penales", ha incidido.