El Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla elevará una moción por la vía de urgencia al próximo Pleno del Ayuntamiento de Sevilla para reclamar al gobierno local de Juan Ignacio Zoido (PP) su intervención directa al objeto de frenar el "alarmante deterioro" de las condiciones laborales de las 2.000 trabajadoras que desempeñan las labores de ayuda a domicilio del Consistorio, "situación que ha devenido en la convocatoria de varias jornadas de huelga (parciales y completas) por parte de la plantilla a lo largo del mes de abril".

Según ha precisado en una nota el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Antonio Rodrigo Torrijos, se pedirá al gobierno municipal que "deje de inhibirse" ante este asunto y que medie entre la concesionaria Clece y el comité de empresa en aras de resolver el conflicto laboral existente y de evitar "los menoscabos que puedan producirse en la prestación de este servicio esencial que actualmente atiende a más de 3.200 personas mayores y dependientes en la capital hispalense".

Igualmente, la federación de izquierdas pretende, en un segundo punto, que la corporación local muestre su apoyo a las movilizaciones que este colectivo decida realizar para defender sus puestos de trabajo e "impedir la precarización que la nueva adjudicataria está tratando de imponer en la plantilla mediante despidos, amortizaciones de plazas y la renuncia al convenio provincial para acogerse unilateralmente al estatal, que es mucho más restrictivo en cuanto a derechos y garantías laborales". "Sólo esta última medida implicará una sustancial merma salarial de aproximadamente 200 euros en unos sueldos ya de por sí bajos, que rondan los 800 euros de media", agrega.

Ante este panorama, Torrijos considera que el Ayuntamiento "no puede continuar mirando para otro lado y seguir alegando" que este tema se enmarca "exclusivamente dentro de la relación particular de la empresa con la plantilla". Y es que, según ha recordado, el Consistorio hispalense es el titular del servicio y, en última instancia, el "responsable final" de lo que le ocurra tanto a sus empleados como a sus destinatarios. Por ello, "ha de velar por el cumplimiento del convenio colectivo en vigor y ha de obligar a la concesionaria a corregir sus actuaciones abusivas", ha apostillado.

A juicio de Torrijos, urge un trabajo de intermediación por parte del gobierno local dirigido a frenar un conflicto que, "si termina estallando, ocasionará graves perjuicios a un sector de la población excesivamente vulnerable y muy necesitado de los cuidados del personal de ayuda a domicilio".

Asimismo, IU plantea en su propuesta que el Ayuntamiento hispalense inste a la Junta de Andalucía a abonar "cuanto antes" los fondos que asegura adeuda al Consistorio por la financiación de esta prestación y que, al mismo tiempo, demande también al Gobierno central la anulación de los recortes adoptados entre 2012 y 2013 en materia de dependencia. "Todo ello con el fin de preservar la calidad de un servicio, cuya viabilidad se encuentra en estos momentos seriamente en cuestión, sobre todo, tras las reiteradas reducciones económicas que el Ejecutivo de Rajoy viene aplicando a las aportaciones estatales que resultan imprescindibles para el desarrollo y mantenimiento del mismo", subraya.

Desde la federación de izquierdas estiman que esta moción, cuyo contenido ha sido "consensuado" con el comité de empresa de la plantilla de ayuda a domicilio, es "razonable, equilibrada y justa", por lo que confían en que sea aprobada por todos los grupos políticos en el Pleno del lunes.