El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha obligado al Govern a que le remita todos los expedientes administrativos relacionados con la primera fase del proyecto de Reestructuración del Sector Público Instrumental de Baleares que fueron denunciados por UGT, a través de un recurso contencioso-administrativo, que critica que la citada reestructuración ha dado lugar a despidos "arbitrarios" en la Administración.

En una rueda de prensa, el secretario de Acción Sindical de UGT, Miguel Ángel Romero, ha indicado que la actuación del Govern es, a su juicio, "nula", ya que la administración vulnera "derechos fundamentales" de los trabajadores. En este sentido, ha explicado que, con tal de evitar la "negociación colectiva", el Ejecutivo autonómico adoptó la "decisión política" de despedir a los afectados "empresa por empresa".

Asimismo, ha señalado que, hasta que no se tenga a disposición los expedientes, el sindicato no podrá adoptar ninguna acción concreta al respecto, pero no descarta que se puedan paralizar los despidos que ya se están llevando a cabo por producirse de forma "irregular" y fuera de la legalidad.

De esta forma, ha indicado que en estos despidos no se aplican los requisitos legales de "igualdad, mérito y capacidad". Así, UGT cree que se deberían "depurar responsabilidades" y ha anunciado que solicitará formalmente una investigación al Govern, porque considera que existen indicios de "prevaricación".

En este aspecto, Romero se pregunta por qué el Govern ha tenido diferentes criterios a la hora despedir a los trabajadores. "¿Por qué se ha despedido a unas personas y no a otras? ¿Por qué se ha indemnizado a unas personas y no a otras? ¿Por qué a unos con 20 días por año y no a otros?", ha cuestionado el sindicalista que ha añadido que el ejecutivo debe explicar a la ciudadanía "qué hace con sus impuestos".

El sindicato ha recordado que la administración ha reconocido el despido de 800 personas de un total de 3.100 empleados públicos. Sin embargo, UGT ha sugerido que el número, tanto en despidos como en empleos públicos, puede ser superior a las cifras presentadas por el Govern.

Cabe señalar que UGT realizó una demanda, mediante sus servicios jurídicos, contra el Acuerdo del Consell de Govern de 13 de abril de 2012 por el que se concretaba la primera fase del proyecto de Reestructuración del Sector Público Instrumental de Baleares que tiene como objetivo reducir el déficit público.