Un juzgado de Mérida (Badajoz) ha citado a declarar como imputados a dos ex directores generales del anterior ejecutivo extremeño por "presuntos delitos" de "prevaricación y tráfico de influencias", en relación con la ampliación de una cantera en Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

Según ha informado en nota de prensa el despacho Casavegas Abogados, de Madrid, la ampliación de la cantera fue aprobada por el ejecutivo regional presidido por Guillermo Fernández Vara "en el penúltimo Consejo de Gobierno anterior a las elecciones autonómicas y municipales, pese a que el proyecto no disponía del preceptivo informe de impacto medioambiental y a pesar a los vínculos familiares de la jefa de Minas de la Junta de Extremadura y su marido, director facultativo de la cantera".

En concreto, precisa la nota, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha citado a declarar como imputados a los ex directores generales de Ordenación Industrial y de Calidad Medioambiental de la Junta de Extremadura por "dos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la explotación de una cantera de áridos" situada en el término municipal de Garrovillas de Alconétar (Cáceres).

A través de una diligencia, el juzgado cita a declarar en calidad de imputados a José Luis Andrade Piñana, ex director general de Ordenación Industrial y Política Energética; a María Ángeles Pérez Fernández, anterior directora general de Evaluación y Calidad Medioambiental; a María Antonia Valero Jiménez, jefa de la Sección de Minas, y a José Manuel González Pérez, director facultativo de la cantera y marido de la anterior.

El juzgado también ha citado como imputados a los representantes legales de la empresa minera CG Minería, S.L. titular de la explotación cuya ampliación ha sido paralizada por el nuevo Gobierno de Extremadura por afectar a dos yacimientos arqueológicos protegidos.

Urgente ocupación

Explica que el Consejo de Gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara aprobó en su penúltima reunión antes de las elecciones autonómicas y municipales un decreto por el que se declaraba la urgente ocupación de los terrenos necesarios para la ampliación de la explotación 'Villaluengo I', en Garrovillas de Alconétar.

La Junta de Extremadura dio vía libre a la ampliación de la cantera por la vía de urgencia a pesar de no disponer del preceptivo informe de impacto medioambiental y pese a los vínculos familiares denunciados que, según los denunciantes, han viciado todo el procedimiento.

El procedimiento tiene su origen en una denuncia penal presentada el pasado mes de marzo por los propietarios de los terrenos anexos a la cantera, que denunciaron que se había producido una "circunstancia excepcional de incompatibilidad por el vínculo familiar existente entre la Jefa de Sección de Minas, María Antonia Valero Jiménez, y su marido, José Manuel González Pérez, que es el director facultativo de la cantera".

Según los denunciantes, "esta situación ha provocado una situación de indefensión en los diferentes contenciosos que enfrentan a las partes, tanto en materia medioambiental como en los relacionados con la explotación minera".

Investigación de la fiscalía

Explica el comunicado del bufete madrileño que la ampliación de la cantera se encuentra paralizada desde el pasado mes de agosto, cuando la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio del nuevo Gobierno de Extremadura ordenó la suspensión de los trabajos de expansión ante la denuncia formulada por Adenex y un grupo de arqueólogos que alertaron del daño que se provocaría a varios yacimientos catalogados en la Carta Arqueológica de Extremadura.

Además de la instrucción que se sustancia en el Juzgado número 4 de Mérida, apostilla la nota que la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura mantiene abierta una investigación para determinar si la ampliación de la cantera de áridos ha provocado daños importantes en el patrimonio histórico y cultural de Extremadura.

Una segunda denuncia formulada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Mérida solicita ahora que se investiguen las posibles responsabilidades penales derivadas del hecho de que en el decreto de expropiación forzosa de la Junta de Extremadura del pasado 13 de mayo se eludieran el preceptivo informe de la Consejería de Cultura, así como la Declaración de Impacto Medioambiental.