El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, aseguró que el proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje, aprobado en el Pleno del Congreso, es "un instrumento espero que útil. La ley va a dar mayor seguridad jurídica, tiene una gran fuerza y espero que en seis meses esté desarrollada".

El secretario de Estado aludió al consenso logrado (302 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones) por la ley, que antes del respaldo de los grupos parlamentarios obtuvo el de los colectivos de médicos, las licenciaturas de Educación Física y las asociaciones de deportistas, que agradecieron la "valentía" del proyecto por sancionar a los que "recetan, suministran, aconsejan" y por "respetar su dignidad".

Votaron sí, pero también critican

El portavoz del PP, Francisco Antonio González, expresó el respaldo de su grupo a la ley, pero acusó al Consejo Superior de Deportes de tener "demasiada prisa" en relación con la Operación Puerto.

"Hay 58 deportistas que han sido pisoteados en sus derechos fundamentales, apartados, como consecuencia de tantas prisas, sin tener la mínima posibilidad de defenderse ante algo que no está sentenciado ni incluido en un sumario", dijo, tras afirmar que hay "deportistas que ha tenido que pedir un certificado al juzgado para demostrar que no está implicados".

El portavoz de CiU, Josep Maldonado, anunció que su grupo votaría a favor de la ley con la esperanza de que "sea un instrumento para luchar contra las trampas, pero sin hacer campañas publicitarias", en crítica alusión al desarrollo de la Operación Puerto.

El PNV mostró también su respaldo al texto aunque su portavoz, Aitor Esteban, habló de "satisfacción limitada", ya que "bastantes de las demandas sobre temas competenciales no se han reflejado".

Sobre la Operación Puerto

Lissavetzky explicó que la decisión de la Federación Española de Ciclismo de archivar de momento los procedimientos abiertos a los ciclistas presuntamente implicados responde a un auto del juez suplente, dictado a primeros de octubre, para que el contenido de la investigación no se utilice para sancionar a los deportivas.

"Hubo una primera decisión judicial, que separaba presuntos delitos contra la salud pública de las sanciones administrativas desde el punto de vista deportivo. Ahora hay otro juez suplente que ha dictado un auto en el que dice que el desarrollo de la investigación no se utilice para las sanciones administrativas hasta que acabe el proceso judicial. Esto hace que el Comité de Competición de la Federación archive estos expedientes", aseguró.