La Audiencia Nacional ha condenado al empresario malagueño y ex presidente del Málaga CF Fernando Puche a dos años de prisión y una multa de 33,3 millones de euros como coautor de un delito de contrabando y a indemnizar a la Hacienda Pública junto a otras dos personas con 16,6 millones de euros.

Mediante su grupo, que incluía una consignataria de buques, Puche, al menos desde 1996, en colaboración con otros, "idearon la creación y funcionamiento de una red de Almacenes y Depósitos Fiscales" para "procurarse un beneficio ilícito" mediante "la ocultación de numerosas transacciones de tabaco y su auténtico destino final".

Según la sentencia, la intención era que esta red, que se repartía "a lo largo del territorio nacional", pudiera "servir a sus delictivos propósitos sin despertar las sospechas de las autoridades correspondientes".

El beneficio ilícito, se indica, suponía "el correlativo perjuicio para el Tesoro Público mediante la ocultación al mismo de numerosas transacciones de tabaco y su auténtico destino final, por las que se hubiesen debido ingresar las correspondientes cantidades por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco (IELT) y por el Impuesto sobre el valor añadido (IVA)".

Cuando practicó en 1999 las detenciones de Puche y otros en este caso, la Policía lo consideró como el mayor golpe al contrabando organizado de tabaco a nivel europeo, intervino el fiscal Anticorrupción y la operación se bautizó "Rosaleda", nombre del estadio del Málaga, el club que entonces presidía el empresario.

La resolución judicial añade que para no despertar sospechas "simularon" para el funcionamiento de esas entidades, los almacenes y depósitos, "-en realidad instrumentales o 'pantallas'- como autónomas de las empresas mayoristas por ellos controladas, las cuales les servían el tabaco".

De esta forma, aparecían éstas "como cumplidoras formales de la legalidad relativa al suministro del producto mencionado (por cuanto se entregaba a los pretendidos adquirentes bajo el régimen fiscal suspensivo o en condiciones de exención de impuestos en atención al destino que los representantes de tales almacenes habían manifestado que procederían a dar a la mercancía)".

Se trataba de "trasladar a dichas entidades interpuestas las eventuales responsabilidades derivadas del destino final de tal mercancía; destino que no era el reflejado en los falaces documentos creados al efecto, sino su clandestina comercialización dentro del territorio español".

La sentencia precisa que "en la ideación y ejecución del ilícito plan descrito intervino de modo decisivo el también acusado Pedro Antonio Martín Graciani, apoderado y director gerente del almacén fiscal Fernando Puche, SL" y que fue vicepresidente del Málaga CF al entrar Puche de presidente en 1997.

"Con Martín Graciani colaboraba estrechamente, sobre todo en la gestión de los almacenes, pero también desde la fase de constitución de los mismos, así como en la contratación de testaferros, amén de otras actividades de enmascaramiento del negocio ilícito descrito, el acusado Eduardo Antonio López Usieto", explica la resolución.

Sobre Martin Graciani y López Usieto recae la misma condena que respecto a Puche como coautores del delito de contrabando: dos años de prisión y multa de 33,3 millones de euros con un año de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Esta sentencia del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no es firme y contra la que cabe recurso de apelación, condena además de a Puche y las otras dos personas referidas a cinco más por el mismo delito, pero con penas algo inferiores que las anteriores aunque también importantes.

Los condenados indemnizarán a la Hacienda Pública conjunta y solidariamente entre sí a razón de diferentes cuotas, en el caso de Puche, Martín y López en 16.652.070 euros (importe total de lo defraudado), y se declara la responsabilidad civil subsidiaria entre sí de las empresas Fernando Puche SL y Ocemar, SA.

Fernando Puche es socio de la empresa que gestiona la plaza de toros La Malagueta, en la capital malagueña.