El pasado sábado prestó una primera declaración; el juez Torres le acusó de cohecho y decretó su prisión. Pero en lugar de enviarle a la cárcel, lo dejó en los calabozos del juzgado «para que madurara su testimonio», según cuenta literalmente el corresponsal de El País. En la madrugada del domingo el detenido sufrió una crisis de ansiedad que precisó asistencia sanitaria. Al rato estaba prestando una nueva declaración, más extensa, que supuso su puesta en libertad. No ha trascendido el contenido de esta declaración, pero no hace falta ser un lince para adivinar, primero, que fue distinta; segundo, que la que prestó en la siniestra madrugada le suministró al juez lo que éste buscaba. Por eso se habla ya –con cierto humor patibulario– del primer constructor «arrepentido».

Técnica ilegal. El diario Málaga Hoy incluía el lunes una crónica sobre el juez Torres, donde refería cómo varios abogados presentes en sus interrogatorios aseguran que su técnica «es muy dura, pero que da resultado». No me extraña en absoluto, viendo cómo se ha empleado con García Lebrón. Pero algo no nos han dicho de este caso, porque si fuera como nos lo cuentan las crónicas, esa «técnica» sería no sólo ilegal, sino claramente delictiva, al haberse utilizado la prisión como método para hacer torcer la voluntad de un imputado, vulnerando tanto las normas que rigen la prisión provisional (si no había razones para ella el domingo, tampoco las había el sábado) como el derecho fundamental a no confesarse culpable y, lo que es peor, sometiendo al imputado a una coacción intolerable que llegó a afectar a su equilibrio mental.