La 'Ley Sinde' sigue adelante sin encontrar casi oposición en su camino parlamentario

Este jueves, tras un largo plazo para presentar enmiendas cuyo final se ha prorrogado hasta en doce ocasiones, el proyecto de ley de Economía Sostenible ha superado en el Congreso las cinco enmiendas a la totalidad presentadas por PP, CiU, IU-ICV y UPyD y BNG.

De este modo, la ley continuará su tramitación en la Cámara Baja, donde una comisión recibirá el encargo de elaborar un dictamen previo a su votación en el pleno del Congreso de los Diputados. Si esa votación sale adelante, la ley pasaría entonces al Senado.

Se han presentado enmiendas y se han manifestado objeciones en contra de la Ley de Economía Sostenible, pero casi todas son muy vagas o proceden de los grupos parlamentarios más pequeños. Además, la mayoría ha pasado por alto o ha mostrado poca oposición al tema más espinoso de la Ley, la disposición conocida como 'Ley Sinde'.

El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado que el proyecto de ley de Economía Sostenible es el menos homogéneo y más confuso que se ha tramitado en las últimas legislaturas y ha añadido que no aporta medidas claras para salir de la crisis, pero siempre sin referirse de forma explícita a la citada legislación sobre Internet. IU-ICV tampoco se ha referido a este asunto en su enmienda a la totalidad.

Por su parte, el PP ha presentado una enmienda a la totalidad de la ley en la que se limita a decir que es insuficiente sin entrar en detalles ni ofrecer alternativas sólidas. Las peticiones del Partido Popular se limitan a exigir una legislación específica para las cuestiones sobre Internet (que encajarían mejor en una nueva Ley de Propiedad Intelectual) y a recomendar la supresión del canon digital. Sólo UPD y BNG han manifestado su rechazo total a la 'Ley Sinde' y su estupor al verla incluida en un conjunto legislativo que mezcla el cierre de páginas web con temas como el transporte, la vivienda o las energías renovables.

Cómo funcionará la 'Ley Sinde'

Si la ley entra en vigor tras superar su trámite parlamentario (en el Senado volvería a someterse a un proceso de enmiendas antes de regresar al Congreso y aprobarse definitivamente), se abrirá con ella una puerta a la clausura de páginas web, si se considera que éstas vulneran los derechos de propiedad intelectual.

El proceso combinará procedimientos administrativos y judiciales a cargo de los cuales estará un órgano de nueva creación, la Comisión de Propiedad Intelectual. El Ministerio de Cultura creará una sala destinada a dicha Comisión, formada por entre 4 y 6 personas: un juez de prestigio que haya presidido un tribunal importante, algún profesional del mundo  de la tecnología, representantes de la comunidad internauta y también representantes de los creadores.

La Comisión se encargará de analizar los casos sobre páginas web que atenten contra los derechos de propiedad intelectual.  Si se considera que la web está realizando actividades ilícitas, se enviarán dos avisos para que deje de llevarlas a cabo. En caso de que el portal no cese sus actividades, se enviará la denuncia siempre y únicamente a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Con esto se espera crear una especialización que permita elaborar en poco tiempo una jurisprudencia efectiva.

Gran oposición

A diferencia de lo que ha sucedido en el plano político, multitud de grupos y medios se han alzado contra la 'Ley Sinde' desde el mismo momento en que fue planteada, ya que su entrada en vigor podría conllevar la vulneración de derechos fundamentales de los internautas además de un gran freno para la Red y la Sociedad de la Información.

Periodistas, medios (entre los que se encuentra 20minutos.es) y figuras relevantes de la blogosfera fueron los primeros en reaccionar. No tardaron en elaborar un manifiesto en contra del proyecto de ley. Bajo el título 'En defensa de los derechos en Internet' se inició un gran movimiento en Internet que se propagó a gran velocidad por páginas web y bitácoras.

Con el paso de los meses, muchas otras voces se han alzado en contra de una regulación de Internet poco precisa, negativa y, según muchos, anticonstitucional. El manifiesto encontró su hueco en Facebook, los usuarios de Twitter protestaron a través de mensajes que incluían el 'hashtag '#Manifiesto', también fueron miles los mensajes emitidos desde el servicio de microblogging español Picotea, Eduardo Punset le recomendó a la ministra de Cultura que no intentase controlar Internet, un gran grupo de asociaciones e internautas creó la plataforma Libertad 2.0, desde Red Sostenible se ha advertido de que podría crearse con Internet una burbuja como la que ha afectado al ladrillo, Pablo Soto afirmó que la Ley no duraría mucho en el BOE...

Casos similares en Europa

La aprobación de la 'Ley Sinde' no sería un caso marginal dentro del marco europeo. Tanto Francia como Reino Unido han aprobado leyes similares para combatir la piratería en Internet. La 'Ley Hadopi' francesa (mucho más dura que la que se debate ahora en España) también ha causado un gran revuelo en la opinión pública, pero terminó por aprobarse. Tras un año en vigor se demostró que era completamente ineficiente y las autoridades han decidido ahora ser más estrictos con su aplicación: los proveedores de Internet tendrán la tarea de identificar los nombres, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono de los presuntos infractores de las leyes de propiedad intelectual.

Mientras cada país intenta combatir la piratería con su propia legislación, Europa trabaja en el Acuerdo Comercial contra la Piratería (ACTA) para crear un marco legislativo unificador en torno a asuntos como las descargas P2P o la falsificación de productos.