El borrador que está sirviendo de base a las negociaciones internacionales contra la falsificación y la piratería, denominadas ACTA, no prevé que se pueda cortar el acceso a Internet a los usuarios que descarguen archivos protegidos por derechos de autor.
El texto, que se ha hecho público por la Comisión Europea (CE) después de meses de negociación a puerta cerrada, no prevé cortes ni confiscaciones de material para los usuarios de la Red en ese supuesto.
Se busca proveer a la industria y a los creadores de una mejor protección fuera de sus fronteras
Tampoco se estipula que los proveedores de acceso a Internet informen a las autoridades automáticamente de los usuarios que descargan y comparten archivos protegidos, una información que tan sólo estarán obligados a dar cuando medie autorización de un juez. Algunos borradores filtrados a los medios de comunicación a principios de año reflejaban la voluntad de los gobiernos de responsabilizar más a los operadores de acceso a Internet de los contenidos y obligarles a cortar el servicio a los usuarios que infrinjan repetidamente la legislación sobre derechos de autor.
El propio Parlamento Europeo (PE) había mostrado sus reticencias a una posible generalización del castigo a los internautas que intercambian archivos protegidos, en una resolución aprobada el pasado 12 de marzo por 663 votos a 13.
El comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, se ha mostrado "satisfecho de que la Unión Europea (UE) haya convencido a sus socios comerciales de hacer público el borrador", ha informado en un comunicado. Según de Gucht, "el texto aclara de lo que trata ACTA: de proveer a la industria y a los creadores de una mejor protección fuera de sus fronteras, esencial para las empresas y los propios ciudadanos europeos".
Dado que en cualquier caso el borrador tiene menos garantía que la normativa de los países de la Unión Europea, no será necesario modificar las legislaciones nacionales respecto a derechos de autor cuando entre en vigor, han informado fuentes de la negociación.
En virtud del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo deberá dar su visto bueno al acuerdo internacional una vez que concluyan las negociaciones.
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